En pleno apogeo del nuevo clima de diálogo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalidad, el ejecutivo autonómico ultima los detalles para celebrar una consulta secesionista el próximo año. El único escollo en las negociaciones entre los partidos del bloque independentista se centra en la pregunta. Respecto a la fecha, hay un amplio consenso en que el referéndum debería celebrarse el segundo fin de semana del próximo mes de septiembre, los días 13 y 14 de septiembre.
Según la "doctrina" que ha elaborado el Consejo Asesor por la Transición Nacional (CATN), prolongar la votación durante todo un fin de semana facilitaría la organización de un referéndum que previsiblemente no tendría ningún aval legal. Según los cálculos elaborados por la consejería de Gobernación y Relaciones Institucionales, que dirige la vicepresidenta Joana Ortega, la Generalidad dispone de unas trescientas urnas, cuando en unas elecciones autonómicas se utilizan unas 8.300, que proporciona el Estado. Si la votación se alarga durante dos días, los técnicos del departamento así como los de la consejería de Interior estiman que sólo se necesitarían 2.100 urnas, más las trescientas a disposición en la actualidad. Los presupuestos que CiU y ERC están tratando de cerrar para el próximo año incluyen, sin disenso alguno, una partida para comprar urnas, dado que no prevén que la Admninistración central les vaya a ceder el material. Según el CATN, la legalidad de una votación presencial de dos días está plenamente garantizada sobre la base de las experiencias de países como Italia y Chequia.
Pero el formato de la consulta no se limitaría a una votación "tradicional" de dos días y sólo dos días después del próximo Onze de Setembre, sino que la vicepresidenta de la Generalidad tiene el encargo de organizar una consulta telemática de una semana de duración. La aplicación de los dispositivos necesarios para llevar a cabo este referéndum electrónico es uno de los motivos del viaje a Quebec de Joana Ortega, que además de vicepresidenta de Mas es la mano derecha de Duran Lleida en Unió.
La votación por internet tiene el inconveniente de prestarse fácilmente a los "pucherazos digitales". En Cataluña está muy reciente la última votación electrónica, una consulta sobre el paso del tranvía por la Diagonal. En aquella ocasión, los barceloneses podían votar también durante una semana a través de internet o bien en las "mesas electrónicas" habilitadas por el Ayuntamiento. El colapso fue absoluto y un diario digital llegó a suplantar la identidad del concejal Alberto Fernández Díaz para demostrar la vulnerabilidad del sistema. El fiasco fue una de las causas de que el entonces alcalde, el socialista Jordi Hereu, perdiera las elecciones frente al convergente Xavier Trias.
Pese a todo, en la Generalidad se apuesta por la votación electrónica entre otras razones porque permitiría sortear dificultades como el voto por correo de los catalanes residentes en el extranjero y en el resto de España, cuyo censo no facilitaría el Estado. También sospechan que Correos no agilizaría la tramitación postal de los votos en el exterior, por lo que la votación telemática tampoco está discusión en las negociaciones entre los partidos del "derecho a decidir". Según datos de la Generalidad, en la actualidad hay unos 165.000 catalanes con derecho a voto en el extranjero y cerca de cuatrocientos mil en el resto de España.
La participación de Duran
Los preparativos para la consulta no sólo son públicos y notorios, sino que forman parte de los trabajos previos de la nueva ley de consultas que se está tramitando en el parlamento autonómico. En la comisión creada al efecto se pondera desde la creación de un registro de votantes donde deberían apuntarse quienes quisieran participar, hasta la utilización de los padrones municipales. La ventaja del registro de votantes, según CiU, es que facilitaría que pudiesen votar todos los inmigrantes y no sólo aquellos procedentes de la Unión Europea. CiU también lidera en esa comisión la idea de que puedan votar los mayores de dieciséis años.
Por lo demás, continúan abiertas las negociaciones sobre la pregunta de la consulta, unas negociaciones en las que participa hasta Duran Lleida, puesto que se considera que estos preparativos no son incompatibles con el diálogo con el Gobierno de Rajoy. En Convergència entienden, además, que es un elemento de presión que satisface dos necesidades estratégicas: forzar el diálogo con Madrid y asumir los compromisos adquiridos con ERC y las bases movilizadas durante la cadena humana. Sobre este particular, las dudas de Duran se refieren al número de respuestas posibles a la pregunta, en ningún caso a la celebración de la consulta. Tampoco en el PSC se acaba de adoptar una posición clara respecto a la pregunta y su primer secretario, Pere Navarro cree que la consulta no llegará a celebrarse.
Sin embargo, sus diputados participan con intensidad en este debate a favor de la "tercera vía" propuesta por Unió. El líder de ERC, Oriol Junqueras, por su parte, ha obtenido garantías de Mas sobre la celebración de la consulta y acusa a Duran y al PSC de emplear tácticas dilatorias. Junqueras cuenta a su favor con la presión añadida del "tejido civil" movilizado por CDC y ERC en la pasada cadena humana, que ya ha advertido que montará un gran acto si la fecha y la pregunta no se anuncian antes de fin de año.
La "hoja de ruta" de Mas
El president Mas mantiene su "hoja de ruta" intacta y aunque la presentación de la ley de consultas podría atrasarse a principios del próximo año, negocia con Junqueras sobre los presupuestos, sobre la entrada en el ejecutivo autonómico de ERC y sobre la pregunta del referéndum. En este caso, el CATN recomienda una pregunta sencilla y pone como ejemplos los procesos de Eritrea, en 1993, y Sudán del Sur, en 2011. Del primero elogian la sencillez de la pregunta, que fue "¿Desea que Eritrea sea un país independiente y soberano?". Del segundo, su capacidad sintética al presentar una papeleta con dos opciones: "unidad" o "secesión".
El viaje de Ortega a Quebec también ha tenido como objetivo tomar nota de la experiencia canadiense, en la que las votaciones de 1980 y 1995 fueron contrarias a la separación. En teoría, la complejidad de las preguntas que se plantearon a los electores perjudicaron las opciones independentistas. En 1995, la pregunta fue: "¿Está usted de acuerdo con que Québec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio, 1995?". En 1980, la pregunta venía precedida de un farragoso preámbulo: "El Gobierno del Quebec ha hecho saber su propuesta de llegar con el resto de Canadá a un nuevo acuerdo fundamentado sobre el principio de la igualdad de los pueblos. Este acuerdo permitiría al Quebec adquirir el poder exclusivo de hacer sus leyes, fijar sus impuestos y establecer relaciones exteriores, o sea, la soberanía, y a la vez mantener con Canadá una asociación económica que comporte la utilización de la misma moneda. Todo cambio de estatus políticos resultantes de estas negociaciones será sometido a la población por referéndum. En consecuencia, ¿da usted su mandato al Gobierno del Quebec para negociar el acuerdo propuesto entre el Quebec y Canada?"
En Convergència se apuesta, en cambio, por la "solución" escocesa, cuya pregunta es "¿Debe ser Escocia un país independiente?". En cambio, tanto el PSC como Unió defienden otras alternativas, como que la pregunta facilite respuestas a favor de un Estado federal, confederal y/o propio. O que se contemple también la opción de un pacto fiscal entre las posibles respuestas. Todo ello es considerado por ERC como una forma de torpedear el proceso mientras que en Convergència lo que no está en cuestión de ningún modo es la celebración de la convocatoria, según se afanan en proclamar sus dirigentes. Es básico, afirman, mantener la tensión para asegurar el voto del sí a la independencia por el que comienzan a decantarse los catalanes según algunas encuestas.
La legalidad o no del proceso es lo de menos, se justifican, puesto que la consulta podría ser la gran movilización independentista del próximo Onze de Setembre, un simulacro de "fiesta de la democracia" no menos legal que la campaña de consultas independentistas municipales de hace cuatro años; la que comenzó un 13 de septiembre en Arenys de Munt. En aquella ocasión, la pregunta fue la siguiente: "¿Está de acuerdo en que Cataluña pase a ser un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?".
Tras la demanda de la Abogacía del Estado, un juzgado de Barcelona declaró nula la resolución municipal que convocaba la consulta. La convocatoria se celebró y animó a otras localidades a realizar consultas similares. Sin embargo, la falta de apoyo del tripartito de Montilla y de Convergència desinfló en pocos meses el entusiasmo independentista. Ahora, el separatismo está en la cresta de la ola y los medios desplegados son mucho mayores.