La Junta se queda sin dinero para ayudas a víctimas del terrorismo porque la partida para indemnizaciones complementarias a las que otorga el Estado se queda en unos 700.000 euros. Se les dará sólo una parte con el compromiso de compensar en próximos ejercicios. Pero, además, Comisiones Obreras ha denunciado que la Consejería de Educación ha rechazado un total de 42.000 solicitudes de acceso a la Formación Profesional, según datos de la Consejería de Educación. O sea, tampoco hay dinero para ello.
A finales de 2010 el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad (PSOE, PP e IU) la ley 10/2010 para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de Andalucía. Entre las medidas recogidas, la Junta concedería a las víctimas andaluzas de actos terroristas una ayuda complementaria a las indemnizaciones que otorga el Estado por daños físicos o psíquicos, con una cuantía del 30% de la ayuda estatal. Pero las ayudas no se han pagado hasta ahora.
La semana pasada la Consejería de Justicia e Interior publicó una orden en la que articula cómo se pagarán estas indemnizaciones (otras Consejerías, como Educación o Empleo, aún no han desarrollado las competencias previstas en esta ley).
Pero según "disponibilidad presupuestaria" la Consejería advierte que la presentación de solicitudes "ha sobrepasado la partida presupuestaria prevista para este año" porque una disposición transitoria de la ley, recogía el derecho a recibir estas indemnizaciones a las víctimas con actos sufridos desde el 1 de enero de 1968 y que estén reconocidos como tales, es decir, que sean beneficiarios de las indemnizaciones concedidas por el Estado.
O sea, que la falta de previsión presupuestaria ha llevado a que no se pueda atender la solicitud de la totalidad de los afectados. En febrero de 2012 terminó el plazo de presentación de solicitudes y resultaron merecedoras de esta ayudas 179 víctimas directas (156 hombres y 23 mujeres) y 254 familiares (89 hombres y 165 mujeres), en total, 433. La ayuda se aplica tanto a víctimas andaluzas como a los de otras regiones que sufrieron atentados en Andalucía. Es una previsión similar a la que hizo cuando se aprobó la Ley que cifró un presupuesto global de 4,8 millones de euros.
Aunque la Junta presupuestó este año por primera vez 876.500 euros para indemnizaciones a víctimas del terrorismo, las asociaciones de víctimas estiman que la cifra quedará sobre 700.000 euros. La Junta tiene previsto comunicar a los afectados que se pagará una parte proporcional, a determinar, con el compromiso de abonar las cantidades en los próximos ejercicios. Pero se da por hecho que ninguno de los beneficiarios cobrará por ahora ese 30% al que tiene derecho.
Tampoco hay dinero para la FP
Y lo que se ha hecho es impedir drásticamente el acceso a la misma a más de la mitad de los solicitantes. Según fuentes de la propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, casi 42.000 andaluces no han podido acceder a la realización de estudios de Formación Profesional este curso escolar. De las algo más de 96.000 solicitudes presentadas sólo han obtenido respuesta positiva el 43,3%.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha denunciado que "la cifra evidencia el enorme daño que las políticas de recortes están provocando en el presente y el futuro de la ciudadanía andaluza. El hecho debe hacernos reflexionar sobre lo perjudicial de los recortes en educación pues se está negando, desde los propios poderes públicos, perspectiva de futuro a muchos andaluces que quieren formarse para acceder al mundo laboral".
Según el sindicato, no son válidas las opciones de formación semipresencial o a distancia con las que el Gobierno de Andalucía pretende maquillar a corto plazo los porcentajes actuales de alumnado no matriculado. "La formación on-line requiere de unos hábitos de aprendizaje y unas capacidades previas que no la hace apta para la generalidad de los solicitantes. Además, hay que tener en cuenta que la mayor demanda se encuentra en la Formación Profesional de grado medio y que esta formación requiere, en muchos casos, módulos de talleres y formación técnica que no es posible desarrollar mediante estudios a distancia".
José Blanco critica que "con estas políticas estamos condenando a miles de jóvenes a la exclusión social e impidiendo que igualmente muchos adultos puedan formarse para un mundo laboral donde el empleo poco cualificado ha dejado de tener hueco". "Es necesario y urgente dar respuesta a estos miles de solicitantes de formación que están siendo marginados con las políticas de recortes del sistema educativo y que el proyecto de presupuestos de Andalucía para 2014 no resuelve", apostilla el responsable sindical.