Se ha sabido porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) que suspendía de 57 contratos en UGT-Andalucía por causas económicas y ordena la reanudación del contrato de trabajo, así como el pago de los salarios que han dejado de percibir esos trabajadores. Además, censura la opacidad de las cuentas de la organización sindical e irregularidad en la contabilidad de las subvenciones que percibe.
La sentencia de la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA se deriva del conflicto colectivo presentado por la representación legal de los trabajadores de UGT a raíz de la interposición de un ERTE por parte del sindicato en noviembre de 2012, que contemplaba la reducción de entre un 20 y un 70 % de la jornada anual durante dos años para 57 trabajadores.
La Sala argumenta que UGT no facilitó la documentación precisa a la sección sindical y a la autoridad laboral para "poder apreciar la concurrencia de causa económica coyuntural aducida", lo que contraviene la "buena fe en la negociación".
Además, alega la sentencia que UGT "tiene más que cualquier otra empleadora, por su finalidad de protección de los derechos de los trabajadores, un plus de exigencia en el cumplimiento de la legalidad y responsabilidad frente a los trabajadores".
90 millones de subvención en dos años
La resolución del TSJA revela que UGT-A ingresó en subvenciones finalistas 89,6 millones de euros entre 2010 y 2011, en los peores años de la crisis. En lo que respecta al ERTE, desgrana un rosario de irregularidades en el proceso que contradicen la defensa de los trabajadores que debe guiar la labor sindical. "No se entregaron los criterios de valoración individualizados aplicados para la designación de los afectados" y "se omitió también, desde el inicio, la entrega del plan de viabilidad, que no se entregó hasta la última reunión".
El tribunal andaluz argumenta que "se ha basado en un presupuesto en el que las subvenciones están contabilizadas de forma irregular", lo que impidió "también ahora a esta Sala conocer cuál era la situación real de UGT-A", que tampoco fue aclarada por el jefe de Contabilidad cuando declaró como testigo en el juicio.
No aportó tampoco la documentación solicitada, como la memoria inicial de las cuentas de 2012 con programas, que arrojaba "un saldo positivo de 22.624 euros", señala la sentencia. "Ello contraviene la buena fe en la negociación que se exige a las partes durante el periodo de consultas", argumenta.
El expediente contemplaba la reducción de jornada y la eliminación de complementos salariales. Se suma a los despidos de casi 200 trabajadores de toda Andalucía que llevó a cabo en la misma fecha aplicando la reforma laboral. La sentencia, según ABC, desmonta las razones económicas que alegó la organización para presentar el ERTE y ordena "la inmediata reanudación del contrato de trabajo". Además, condena al sindicato al "pago de los salarios dejados de percibir por los trabajadores afectados o al abono de la diferencia respecto del importe de la prestación por desempleo percibida durante el período de suspensión".
En paralelo, UGT presentó un ERE por el que despidió a 159 trabajadores, y en esta ocasión los jueces de la sala de lo Social del TSJA en Málaga le dieron la razón y consideraron el expediente ajustado a derecho. Los trabajadores han recurrido dicho ERE ante el Tribunal Supremo en casación.
La Junta no ve delito alguno
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del Gobierno andaluz, José Sánchez Maldonado, dijo este jueves que de la documentación que han recibido hasta ahora del sindicato UGT para justificar el uso de los fondos de formación concedidos "no se deduce ningún tipo de delito".
Sánchez Maldonado ha señalado que de la documentación presentada por el sindicato, "de la que el Gobierno tiene conocimiento hasta ahora como justificación", no se puede deducir que exista "ninguna comisión", aunque ha indicado que van a seguir con el "procedimiento establecido".
Diario de Sevilla recuerda que la Junta conoció los hechos y según el consejero, actuó "de forma inmediata y responsable" pidiendo "todas las explicaciones" a UGT, y que se inició un procedimiento de información previa "para clarificar la justificación de las ayudas". Ha añadido que una vez transcurrido el tiempo sin que aportaran toda la documentación que creían "necesaria", se ha procedido a abrir el "pertinente procedimiento de revisión de oficio".
Pero el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha señalado que lo que se está conociendo sobre los sindicatos con los fondos públicos es "un escandalazo que mancha al Gobierno de los pies a la cabeza" porque considera que "están mirando para otro lado".
Ha reclamado que la tarea sindical sea "prestigiada porque este fraude la está socavando" y muchos "sindicalistas de base" que representan a trabajadores se están dando de baja. Para los populares, la Junta tiene una doble responsabilidad, por un lado "haberlo consentido" y por otro "no pedir responsabilidades", además de estar "vetando" la comparecencia de los líderes sindicales en el Parlamento.