La revisión de las ayudas concedidas a empresas y otras entidades por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía durante una década a través del fondo de reptiles que dio paso al caso de los ERE está dando como resultado, por ahora, que una abrumadora mayoría de las ayudas son nulas por haberse concedido al margen de toda consideración legal.
Es lo que dice en sus dictámenes el Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano que se pronuncia sobre las revisiones de oficio que hace la Junta. Se trata del 90 por ciento de los casos y, hasta ahora, del 64 por ciento del dinero, si bien en los casos considerados "limpios" hay numerosas irregularidades que se han pasado por alto por no perjudicar a los trabajadores.
Según la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de los 138 dictámenes del Consultivo desde junio de 2012, 124 declaran "la nulidad de las ayudas concedidas" porque las subvenciones se dieron "con carencia absoluta de procedimiento". Solo en 14 de los expedientes se ha decretado un discutible archivo de esa revisión de oficio o se ha rechazado la validez del proceso, cerrando la vía administrativa para que el dinero vuelva a las arcas públicas.
Los 124 dictámenes en los que se declaró la nulidad de la concesión de las ayudas suponen 56,22 millones de euros, que la Administración puede reclamar con el aval del Consejo Consultivo. Pero los 14 expedientes de revisión que han sido archivados por el Consultivo importan una muy importante cantidad, 32,5 millones.
Hitemasa y Dhul, las grandes culpables
Esta situación se explica, subraya El País, porque hay dos grandes sociedades entre los 14 expedientes archivados: Hitemasa y Comercial Alimentaria Dhul SL. En el caso de la empresa malagueña, la firma textil recibió de Empleo 15,9 millones destinados al pago de las pólizas de 213 trabajadores prejubilados en 2001. Comercial Alimentaria Dhul SL recibió otros 11 millones para expedientes de regulación de empleo.
Pero en Hitemasa se localizaron intrusos que no debían haberse beneficiado de las ayudas de la Administración y el propio Consejo Consultivo apreció "irregularidades formales" en la concesión de la ayuda. Pero decidió, de acuerdo con la Junta, archivar el expediente de reintegro al entender que no se podía perjudicar a los trabajadores que sí reunían los requisitos para acceder a este tipo de ayudas. Igualmente, el caso de Dhul SL está lleno de sospechas.
Recuérdese que la juez Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 122.428,24 euros a dos cuñados del "conseguidor" de los ERE y exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, que fueron incluidos como "intrusos" en el expediente de la empresa Comercial Alimentaria Dhul y que la magistrada Mercedes Alaya imputó delitos de prevaricación, malversación de caudales de públicos y tráfico de influencias a la cuñada de Juan Lanzas, Ángeles Sierra, y a su marido, Carmelo Cruz.
Se están tramitando 72 expedientes de revisión más. Nada menos que 50 se han tenido que reiniciar este 2013 por presentar defectos formales en la tramitación de la Junta. La Consejería de Economía sigue sin aclarar cuánto dinero es el que se ha recuperado tras los pronunciamientos del órgano consultivo.
Está previsto que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, comparezca este jueves en el Parlamento regional —tras pedirlo el PP— para informar sobre los ingresos realizados en la Tesorería de la Junta de Andalucía por reintegros de "pagos indebidos" derivados de las ayudas concedidas al amparo del programa 31L, la partida del caso de los ERE que estuvo dotada de 721 millones.