La vicepresidenta trató de sortear la polémica como pudo. El asunto es complejo y la fotografía ofrecida el jueves en el Congreso difícil de explicar. Lo importante, en voz de Soraya Sáenz de Santamaría, es que el Gobierno cambiará la ley para que los etarras excarcelados no tengan subsidio si no se retractan. Éste es "el compromiso" firme, y en el que se está trabajando.
Ahora bien, la explicación sobre lo ocurrido en el Parlamento, votando en contra de la moción de Unión Progreso y Democracia, se antoja más enrevesada. Sáenz de Santamaría argumentó el rechazo en que el Grupo Popular hizo "una enmienda importante" que no fue aceptada por el partido de Rosa Díez. Una "clave" sustancial, dijo por varias veces en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Nos hubiera gustado que se hubiera aceptado esa enmienda que enriquecía el texto", defendió la portavoz del Ejecutivo. UPyD se negó, argumentando que su moción planteaba prácticamente lo mismo y que no existían indicios de inconstitucionalidad, tal y como afirmó Alfonso Alonso. "Tan importante como hacer las cosas es hacerlas bien", añadió Sáenz de Santamaría.
Para la vicepresidenta, lo importante es que las normas que se hagan sean "legales y constitucionales". Esto es, el texto de Díez no estaba lo suficientemente atado. "Blindar esa norma en su redacción para que no hubiera ningún genero de duda", remató.
Unas explicaciones que, convenzan o no, se sumaron a un compromiso claro: que de las arcas del Estado no salga un euro para etarras que, beneficiados por la sentencia de Estrasburgo, no se retracten de sus viles actos. Y, en este sentido, anunció que el Gobierno quiere investigar el patrimonio y embargar y cobrar directamente, en colaboración con la Agencia Tributaria, sus deudas, de manera que se agilice el proceso actual.