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La Junta halla 1,8 millones defraudados por UGT... pero no se persona en el caso

La Junta va a revisar todas las subvenciones y advierte de que denunciará a los responsables si se deducen responsabilidades penales.

Díaz prometió en su discurso de investidura y muchas otras veces ser implacable contra la corrupción que fue el arma que hirió de muerte al Gobierno de José Antonio Griñán por el caso de los ERE fraudulentos. Pero del dicho al hecho sigue habiendo mucho trecho. En el caso de los ERE, la Junta sigue pagando las defensa de imputados y actuando como su defensa colectiva a pesar de estar personada como acusación particular.

El País de este viernes, ante el nuevo frente de irregularidades por el descontrol sobre las subvenciones públicas de UGT, anuncia que la Junta va a revisar con lupa todas las subvenciones concedidas, y advierte de que denunciará a los responsables ante los tribunales si se deducen responsabilidades penales. Pero ante UGT-A, el sindicato hermano del PSOE andaluz que lidera Susana Díaz, esta dijo: "Acudiremos a los tribunales cada vez que haya menoscabo de fondos públicos (...) lo haga quien lo haga, se llame como se llame y afecte a quien afecte".

De momento, UGT sólo ha devuelto a las arcas públicas 25.000 euros por dos subvenciones gastadas de manera indebida, en una comida de la Feria de Abril de Sevilla y la adecuación de un pabellón para una asamblea de delegados sindicales. Ya se admite que ambas no tenían nada que ver con el concepto original: la primera subvención se concedió para gastos en los procesos de negociación colectiva y la segunda para la defensa legal de trabajadoras discriminadas por razón de sexo. Pero devolver es insuficiente porque en el Código Penal se dice estrictamente en su artículo 308 lo siguiente:

"El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe...".

Pero es que no son ya uno ni dos ni diez los casos detectados de falseamiento de datos para el cobro de subvenciones por parte de la UGT Andalucía, ni hablamos de 120.000 euros.

Irregularidades por 1,8 millones de euros

Según el diario de Prisa, el pasado verano el Gobierno andaluz inició la revisión de 30 ayudas dadas al sindicato, y tras la devolución inicial de 25.000 euros, la Junta prevé reclamar 1,8 millones por dos ayudas -1,1 millones y 700.000 euros- otorgadas por la Consejería de Empleo, suma que ya ha esgrimido la UGT-A para anunciara un nuevo reajuste de plantilla el ERE por el que ha despedido a 159 empleados y el expediente temporal para 57 trabajadores.

Al margen de los 17 expedientes de revisión de oficio abiertos por un total de 7,5 millones, la Junta estudia otras 10 subvenciones, que están en diferentes fases. Los expedientes que la Administración andaluza analiza suman un total de 30, y su repercusión en las cuentas del sindicato puede generar un agujero de consecuencias imprevisibles.

Además, la Junta, que abrió este verano diversos expedientes de información previa y le pidió al sindicato información para clarificar el destino de los fondos no recibió de UGT-A una respuesta satisfactoria para los instructores de los expedientes, por lo que se aplicó la Ley de Procedimiento Administrativo para iniciar la revisión de oficio de ciertos expedientes.

Dados los plazos administrativos, la Junta podría optar por enviar el caso al Consejo Consultivo de Andalucía o al juzgado. En este último caso, un magistrado decidirá si la gravedad de las irregularidades debe implicar responsables penales. Las ayudas examinadas corresponden a 2009 y 2010, cuando el secretario general era Manuel Pastrana, su número dos -y actual secretario general- Francisco Fernández Sevilla, y el secretario de Administración, Federico Fresneda.

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida -socio de gobierno del PSOE- pidieron el jueves que la Junta eleve a los tribunales las irregularidades. Si Susana Díaz toma esta decisión -su vinculación a UGT es conocida e incluso su marido, José María Ibáñez, estuvo contratado con cargo a uno de los proyectos formativos subvencionados-, la instrucción del caso recaerá en el juzgado de la instructora del caso ERE Mercedes Alaya, que ya investiga al sindicato y ha acumulado otras denuncias en la pieza secreta que mantiene abierta.

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