Libertad Digital ha hablado con fuentes especializadas, perfectamente conocedoras del proceso informático de UGT, y la conclusión a que estos llegan es que los archivos informáticos de su sistema en el programa Spyro es imposible que sean borrados por manos externas a las que lo administran. Esto es, si han sido borrados lo tienen que haber sido por orden de UGT-A.
Pero, además, esa circunstancia no repercutiría en la documentación en papel que UGT-A guarda en una caja fuerte ignífuga situada en la calle Antonio Salado 10-12, que es la sede de UGT Andalucía. Por ello, incluso en el caso improbable de que alguien ajeno a UGT-A hubiera podido borrar los 1.756 archivos, los soportes en papel estarían a disposición de la Junta.
Según las fuentes, en el programa informático contable de UGT-A , SPYRO, se comienza un circuito con una oferta, pedido, albarán o factura, se contabiliza e imputa finalmente el documento. Cada paso incluye una digitalización de los documentos que soportan la operación. Es decir, que al crear una oferta, pedido, albarán o factura en SPYRO se adjunta el documento de modo que, si en algún paso posterior surgieran dudas, se pueda acudir de manera rápida a las fuentes documentales. Sucesivamente en cada paso va acompañándose el documento para tener controlado el proceso del pedido hasta llegar a contabilizarse.
En cuanto el documento entra en el circuito se genera también información de día, hora y minuto de creación del nuevo archivo, así como información exacta del usuario autorizado que lo ha visto por última vez, los usuarios que lo han modificado, etc. Este "chivato" facilita saber la identidad de los usuarios que han acudido a consultar los documentos generados por SPYRO. Esto es, si alguien ha intentado borrar algún archivo, UGT-A debería conocer su identidad.
El programa está restringido por departamentos. Es decir, los usuarios del departamento de contabilidad no pueden tocar ni manipular los ficheros de compras e, igualmente, estos pueden visualizar los documentos de contabilidad pero no pueden alterarlos. La restricción pretende evitar que se puedan alterar o modificar documentos sin conocimiento del departamento afectado. Además de estos controles de seguridad existen muchos más. Cada usuario entra con un nombre de usuario y una clave asignada al programa, pero tiene limitaciones para "modificar" o "crear" nuevos documentos, etc.
A medida que el documento deambula por el circuito cambia de estado. De un estado "activo" que permite modificaciones, borrar, etc, pasa al estado de "histórico". Si el documento ya ha sido contabilizado e imputado no puede modificarse ni borrarse la información que contiene, como tampoco los documentos adjuntados y digitalizados.
¿Qué se necesita para borrar?
Para borrar una factura, por ejemplo, se necesita que los programadores informáticos habiliten de nuevo el documento al usuario que lo solicita. Ciertamente entonces podría borrarse o modificarse la factura, pero ninguna de las fases y de los pasos anteriores desaparecen sino que quedan intactas y reconocibles en lo que se conoce como "la trazabilidad del programa". Es decir, se sabe con exactitud qué factura corresponde con qué albarán, pedido, oferta, etc... y cómo y quiénes han ido originando o modificando los archivos. No hay margen de error.
Según estas explicaciones, lo que argumenta UGT-A es insostenible porque afirmó que se habían borrado los documentos con el programa CCLEANER, pero según estas fuentes, los archivos y documentos del sistema SPYRO no pueden borrarse con ese programa puesto que no están almacenados en el disco duro del PC del usuario. Los ficheros de SPYRO son almacenados en un servidor externo, se realizan copias diarias de seguridad y ningún trabajador de departamento alguno (compras, contabilidad, administración) tiene acceso a las claves del servidor, por lo que no pueden borrar lo que en sus ordenadores no existe.
Incluso en el caso de que hubiera habido un fallo del sistema informático, se pueden recuperar los documentos del día anterior sin problema alguno.
Los borrados habituales de los usuarios normales, no programadores, en sus PC´s no interfieren para nada con los procesos contables. Por ello, la destrucción, si es que la ha habido, no puede ser obra de ninguno de ellos y no tiene relación con la supuesta investigación de la Comisión. Recuérdese que a raíz de las primeras publicaciones, UGT-A encargó una auditoría del servidor a la empresa especializada TRAZA y los trabajos concluyeron que no se había manipulado la información ni se hallaron señales de destrucción de archivos.
Además UGT cuenta con un búnker en la casa de Antonio Salado 10-12, su sede oficial, que es un archivo dotado con armarios ignífugos donde se guarda la documentación en papel, por lo que siempre existirá la posibilidad de acudir al papel para justificar las subvenciones de la Junta.