El presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, anunció el pasado jueves que había llegado a un acuerdo con el resto de formaciones independentistas del Parlamento catalán para poner fecha y pregunta al referéndum secesionista, una consulta ilegal que fue su promesa estrella en las últimas elecciones catalanas y la base sobre la que cimentó su acuerdo de Gobierno con ERC.
Este desafío al Estado de Derecho no es algo nuevo. El líder de CiU ha tenido un punto de referencia claro todo el proceso. Nada más y nada menos, en el idéntico órdago que lanzó el Gobierno vasco durante los diez años en Ajuria Enea de Juan José Ibarretxe. Ambos se iniciaron con un proceso de modificación estatutaria y en ambos casos ha habido fecha para el referéndum y pregunta para el mismo.
El que fuera lehendakari anunció a finales de septiembre de 2001, en el Debate de Política General del Parlamento vasco, que su Gobierno trabajaba en la creación de un nuevo marco político en el que el País Vasco se constituiría como un Estado Libre Asociado a España. También anunció que sometería el contenido del mismo a consulta popular durante 2003, pero finalmente los tiempos fueron por otro lado. Este texto, conocido popularmente como Plan Ibarretxe, fue presentado en el mismo debate parlamentario dos años más tarde y remitido por el Gobierno vasco al Parlamento regional el 25 de octubre de 2003 para su votación.
Tras un año de tramitación parlamentaria, la Cámara vasca aprobó el Plan Ibarretxe el 30 de diciembre de 2004 gracias a los votos de Sozialista Abertzaleak, el nombre que había pasado a usar HB-EH-Batasuna en el Parlamento vasco tras su ilegalización. Arnaldo Otegi salió al estrado de la Cámara para leer una carta del por entonces recién fugado José Antonio Urruticoechea Bengoechea Josu Ternera, en la que anunciaba que el brazo político de ETA cedía los votos imprescindibles para su aprobación. Tres parlamentario proetarras votaron a favor y los otros tres en contra.
Los partidos catalanes, salvo el PP, empezaron a trabajar en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2003. Casi dos años después, el 30 de septiembre de 2005, el Parlamento catalán aprobó la proposición de nuevo Estatuto de autonomía con los 120 votos que sumaban CiU, PSC, ERC e ICV. Sólo los quince parlamentarios del PP votaron en contra.
Reforma estatutaria con diferente final
Ambas propuestas estatutarias fueron llevadas al Congreso de los Diputados, aunque su votación tuvo un desenlace completamente diferente. Juan José Ibarretxe defendió su marco político de Estado Libre Asociado personalmente en enero de 2005 en la Cámara Baja. Sin embargo, el texto fue rechazado con 313 votos en contra, 29 a favor y 2 abstenciones.
El texto catalán si fue aprobado el 30 de marzo de 2006. No en vano, contaba con el apoyo de los socialistas: "Aprobaremos el estatuto que nos proponga Cataluña", se había comprometido públicamente el todavía aspirante a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en plena campaña de las autonómicas catalanas en noviembre de 2003.
El día después de que el Congreso de los Diputados rechazase el Plan Ibarretxe, el lehendakari compareció en la sede de la Lehendakaritza para convocar elecciones, en las que su partido volvería a ser el partido más votado pero necesitaría de los votos de Batasuna-ETA para ser investido. Exactamente, de los parlamentarios del después ilegalizado PCTV-EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas).
En septiembre de 2007, también en el Debate de Política General, Juan José Ibarretxe anunció lo que definió como su nueva "hoja de ruta", en la que proponía pactar con ETA el fin del terrorismo y con el Gobierno español la independencia del País Vasco. Ya anunció entonces la convocatoria de un referéndum ilegal para consultar a la ciudadanía.
Referéndum ilegal
Al igual que hizo el pasado jueves Artur Mas, el entonces lehendakari compareció en mayo de 2008 en la sede del Ejecutivo de Vitoria, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, para hacer pública la fecha y preguntas, en este caso, de su referéndum independentista, que llegaba tan lejos como el convocado ahora por el presidente de la Generalidad.
Convocó el citado referéndum para el 25 de octubre de ese año, coincidiendo con el XXIX Aniversario del Estatuto de Guernica y anunció dos preguntas. La primera: "¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la violencia para siempre?".
La segunda: "¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos sin exclusiones inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?".
A mediados de septiembre de 2008, el Tribunal Constitucional anuló el referéndum que había sido convocado por el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe en una sentencia en la que invalidó la Ley de Consultas aprobada en el Parlamento vasco y que justificó en que la mencionada norma "invade competencias exclusivas del Estado", "altera el orden constituido" y "afecta al conjunto de los ciudadanos españoles", por lo que era contraria al artículo 149 de la Constitución Europea.
Tras esta decisión judicial, el Gobierno vasco no llevó adelante el referéndum ilegal. Ibarretxe optó por convocar de nuevo elecciones autonómicas. El PNV volvió a ser la fuerza regional más votada en esos comicios de 2009, pero la ausencia por primera vez en las elecciones de una franquicia electoral de ETA permitió a los constitucionalistas tener mayoría en el Parlamento vasco y designar como nueva lehendakari al socialista Patxi López, lo que acabó con los desafíos al Estado de Derecho de Juan José Ibarretxe.
La pena de cárcel que hubo y ya no hay
Tras el anuncio inicial del que fuera lehendakari de someter a votación en 2003 en una consulta ilegal el denominado Plan Ibarretxe, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, aprovechó una reforma del Código Penal para endurecer con pena de cárcel la convocatoria de un referéndum ilegal. Una modificación que sólo apoyó la mayoría absoluta de los populares en el Congreso de los Diputados.
Exactamente, introdujeron el artículo 506 bis en el Código Penal, en el que se especificaba que "el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum" estaba castigado con "entre tres y cinco años de cárcel, y hasta diez años de inhabilitación".
En junio de 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero como inquilino de La Moncloa, el Gobierno derogó ese artículo del Código Penal, alegando que la convocatoria ilegal de referendos no tenía "la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión".