La estrategia de defensa de la infanta Cristina era hasta este sábado incierta. Movimientos tanto en la Casa Real como en el despacho de abogados del catedrático Miquel Roca han propiciado que finalmente la hija del Rey declare el 8 de marzo ante el juez José Castro por el caso Nóos y rehúse así a recurrir la citación ante la Audiencia Provincial de Palma.
Sin embargo, una primera declaración judicial como imputado tan sólo manifiesta que el magistrado que investiga los hechos aprecia indicios de delito contra esa persona y que, por lo tanto, quiere conocer su versión de los hechos.
Si avanzamos un paso más, la pregunta sería: Si tras interrogar a la infanta Castro continúa viendo indicios contra ella, ¿Cristina de Borbón se sentaría en el banquillo de los acusados?
La duda está servida y el debate jurídico también. La razón es que hay dos doctrinas jurídicas contrapuestas (para algunos complementarias) que se podrían aplicar al caso de la infanta Cristina. Nos referimos a la 'doctrina Botín' y a la 'doctrina Atutxa'.
Con la primera de ellas el Tribunal Supremo libró del banquillo al presidente del banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito al no abrir juicio oral contra él porque estableció que no se podía ir a juicio si sólo lo solicitaban las acusaciones populares y se oponían la Fiscalía y los perjudicados directos del procedimiento.
En el caso de los delitos contra la Hacienda Pública -precisamente a Cristina de Borbón se le imputa un delito fiscal- el perjudicado directo sería el Estado, representado en el caso Nóos por la Abogacía del Estado. En la causa que instruye Castro se da la circunstancia, además, que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía se han opuesto a que la infanta declare como imputada por lo que si se le aplicase la 'doctrina Botín' ésta podría librarse de la fase de juicio oral.
Sin embargo, el escenario judicial se complica más para la esposa de Iñaki Urdangarín cuando nos referimos a la denominada 'doctrina Atutxa' que sostiene una acusación popular puede imputar a cualquier acusado dentro de un procedimiento judicial sin necesidad de que lo soliciten la acusación particular ni del Ministerio Público.
El sindicato Manos Limpias -favorable a la imputación de la infanta como acusación popular del caso Nóos- consiguió la condena del expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa ejerciendo la acusación popular en el juicio contra él y otros miembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak en 2003. En este caso concreto, el Supremo justificó su decisión alegando que la naturaleza del delito de desobediencia afectaba a intereses colectivos y carecía de perjudicado concreto.
No obstante, la gran incógnita ahora es saber si Anticorrupción recurrirán el auto con la citación de la hija del Rey. Tienen de plazo para hacerlo ante la Audiencia Provincial de Palma este miércoles a las 15 horas.