La Fiscalía Anticorrupción se ha hecho cargo de la investigación de la causa de las facturas falsas de UGT y ha nombrado al fiscal Fernando Soto Patiño como tercer delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, un refuerzo que se produce ante la avalancha de casos de corrupción que se ha detectado en Sevilla en los últimos años.
La fiscal jefe de jefe de Sevilla, María José Segarra, reclamó esta tercera plaza de fiscal delegado de Anticorrupción para Sevilla por el "volumen" de asuntos relacionados con la corrupción que se están investigando en los últimos años. La fiscal jefe, María José Segarra, señaló, según el grupo Joly, que se trataba de cubrir una plaza "necesaria por el volumen que ahora tienen los temas de corrupción" en Sevilla, donde además del escándalo de los ERE fraudulentos se investigan otros sumarios muy complejos o voluminosos como el de las presuntas irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, el de las supuestas irregularidades en otras nueve empresas públicas de la Junta que también utilizaron el mecanismo de las transferencias de financiación, el caso de las facturas falsas de UGT o algunas de las variantes de las irregularidades detectadas en la empresa pública mixta Mercasevilla.
Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio carta blanca a Alaya para investigar al secretario general de UGT, Cándido Méndez, en relación con el escándalo que sacude a esta organización sindical, al acordar inhibirse en favor del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla respecto a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.
Juezas pobres
Pero contrasta llamativamente el personal al servicio de la Fiscalía en Andalucía, el de la Fiscalía de Sevilla y de la Fiscalía Anticorrupción con los medios de que dispone la juez Alaya que lleva casos cuando menos tan importantes como los que arrastra la Fiscalía.
Hace un mes, la juez Alaya se quejaba de su falta de medios en una providencia del caso de los ERE que ya supera los 200.000 folios. De hecho, lamentaba en ella no haber podido reunir los documentos necesarios para elevar a la Audiencia de Sevilla el recurso de Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, exdirectores de Presupuesto de la Junta, contra el auto del pasado 28 de junio que imputó en la causa a veinte ex altos cargos andaluces, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez.
Alaya recordaba que el caso de los ERE superaba ya los 200.000 folios, entre escritos y anexos, a lo que se une la "escasez de medios materiales y personales" de su juzgado. Por ello, pedía al letrado de ambos ex altos cargos que señalara los folios donde se encuentran los documentos particulares que desea adjuntar a su recurso para elevarlo de manera inmediata a la Audiencia Provincial.
El pasado 25 de noviembre Alaya manifestó que el retraso en la imputación de algunos detenidos se había debido a "la magnitud del número de escritos a proveer diariamente en esta causa". "No es la situación ideal, sino la que deriva de una carga de trabajo que excede en muchos momentos de las capacidades personales", afirmó entonces Alaya.
Sus adversarios centran sus argumentos en que fue la propia Alaya quien rechazó el nombramiento de algunos jueces de auxilio y sus partidarios advierten que algunos quisieron colarle "piñas en el bidé". Pero lo cierto es que sus quejas se reflejan en autos asegurando que la causa de los ERE era "inabarcable" Pero es que, además, la juez instruye también el caso de las facturas falsas de UGT (bajo secreto), la Operación Madeja, la trama de la venta de suelo en Mercasevilla y el delito societario en la misma empresa. Únase a ello la del uso de las transferencias de financiación en IDEA o las del caso Lopera y se comprenderá de qué se está hablando. De no ser por la ayuda que le presta la Guardia Civil, el juzgado de Alaya estaría colapsado hace meses.
Como si fuera un regalo de Reyes Magos, la Junta de Andalucía ha adquirido nuevas grabadoras de DVD y discos duros de alta capacidad para el juzgado sevillano que investiga los ERE falsos y a principios de enero de 2014 estaba a la espera de instalación.
La Consejería de Justicia e Interior respondía de este modo a las informaciones sobre la avería que sufre la máquina copiadora de DVD en el juzgado de instrucción 6, que solo tiene operativa una de sus ocho unidades de grabación y obliga a copiar de uno en uno los DVD que el juzgado entrega a las casi doscientas partes personadas en el caso de los ERE.
La Junta precisa que han sido adquiridos una torre duplicadora, tres unidades grabadoras de DVD, tres discos duros de alta capacidad y tres lápices de memoria también de alta capacidad para uso de ese órgano judicial, aunque se está a la espera de que el material sea suministrado por el proveedor en los próximos días.
Además, la Junta no ha recibido ningún escrito ni incidencia nueva de la secretaria de ese juzgado desde el pasado 29 de noviembre, cuando indicó que sólo funcionaban cuatro unidades de la torre y que alguna fallaba en la grabación de DVD.
Anteriormente, un técnico informático de la Delegación del Gobierno había retirado una de las cinco unidades de DVD que no funcionaba y había limpiado las otras cuatro, que quedaron en funcionamiento.
La Junta aseguró haber atendido todas las peticiones de recursos y medios materiales solicitados por este juzgado, como fotocopiadora en color, multigrabadora para DVD-CD, lápices de memoria y material de oficina diverso, para dar respuesta a la especial carga de trabajo de este órgano judicial, tal como ocurrió hace unos meses con la instalación del sistema de comunicación telemática Lexnet.
...y Fiscales
La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tenía dos delegados en Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, a los que ahora se suma Fernando Soto Patiño, actualmente adscrito a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía hispalense pero que desde hace varios meses colaboraba en la instrucción del caso por las irregularidades de Invercaria.
Aunque la fiscal jefe destacó que esta incorporación no constituye una ampliación ordinaria de la plantilla de fiscales de Sevilla, que lleva cuatro años sin incrementarse, sino que se trata de adscribir una de las 14 plazas de fiscales que ya están aprobadas y a la espera de que se asigne un destino, es bien notable que la plantilla de fiscales de Sevilla está compuesta por 89 fiscales, incluyendo todos los destinados en la provincia y la Fiscalía de área de Dos Hermanas.
Además, en Andalucía hay otros cuatro delegados de Anticorrupción en la provincia de Málaga, donde se han investigado escándalos como la operación Malaya y el saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella.