La Mesa del Congreso ha calificado este martes la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento de Cataluña sobre el traspaso de la competencia para convocar la consulta separatista que promueven los nacionalistas, según han confirmado el presidente del Congreso, Jesús Posada, y el vicepresidente cuarto de la Mesa de la Cámara y diputado de CiU, Jordi Jané. No obstante, su debate se calcula, en principio, para después del verano coincidiendo con el arranque del siguiente periodo de sesiones.
Tras la reunión del órgano de gobierno del Congreso ambos han señalado que el texto, que llegó a la Carrera de San Jerónimo el pasado viernes, se ha admitido sin ningún tipo de problema al cumplir todos los requisitos reglamentarios para ello.
Mas debe guardar cola
Ahora bien, una vez calificada y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, la propuesta catalana tendrá que esperar su turno puesto que las iniciativas procedentes de cámaras autonómicas se debaten por orden de llegada y antes que la del Parlamento catalán hay otras esperando.
Cabe recordar que la proposiciones de ley aprobadas por los parlamentos autonómicos se debaten una por una y en el primer Pleno de cada mes, por lo que la iniciativa catalana podría llegar a comenzar su periplo parlamentario en el próximo periodo de sesiones, esto es, después del verano.
Esto contrasta con la petición que este lunes hizo la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, quien ha pedido que se agilicen los trámites parlamentarios, hasta donde permita el Reglamento de la Cámara, para que la proposición se debata cuanto antes.
Sin embargo, para que esto sea así sólo hay dos posibilidades: que las iniciativas autonómicas registradas con antelación sean retiradas o bien que se solicite su aplazamiento, lo que en todo caso dependería de los autores de la proposición de turno.
Previendo estas dificultades, la intención de CiU, ERC e ICV es registrar ellos el mismo texto pero como iniciativa de sus grupos parlamentarios, lo que garantizaría celebrar el debate en el Pleno del Congreso esta primavera. En todo caso, antes de su debate el texto debe remitirse al Gobierno, que tiene 30 días para autorizar o no su discusión. Por esta vía, siempre y cuando estas formaciones se decidan a registrar el texto, la petición catalana podría llegar al Pleno del Congreso a finales de marzo o principios de abril.