Sortu pide que las Fuerzas de Seguridad sean retiradas del País Vasco en un período de 10 años para que "ETA deje de ser un agente con armas", según informa El Mundo.
Los proetarras piden que Navarra y el País Vasco reclamen las competencias penitenciarias para "poner en marcha un programa propio de excarcelación" y una "legislación ad hoc" para la salida de presos y huidos, y que partidos y gobiernos realicen una autocrítica sobre "su actuación pasada en materia de violencia y víctimas".
El documento fue hallado entre las propiedades de los detenidos de la operación Jaque, dirigidos por la jefa de ETA en las cárceles, la abogada Arantza Zulueta. Los investigadores judiciales lo atribuyen a la izquierda proetarra centrándolo en Sortu, por su carácter de interlocutor con el Gobierno vasco en la elaboración de una hoja de ruta para el período post atentados. No viene fechada, aunque se deduce que fue escrito antes de la anulación de la doctrina Parot, el 21 de octubre.
No puede asegurarse que le fuese trasladado al presidente vasco, Íñigo Urkullu, quien aseguró que su hoja de ruta fue comunicada a estos partidos en ese mes de octubre y que no recibió respuesta.
Un texto radical
El planteamiento, la terminología y la argumentación del texto son inequívocamente radicales, en especial en la equiparación de responsabilidades entre ETA y el Estado.
Así, sobre el "desarme" y la "desmilitarización", Sortu aspira, según ese documento, a que el proceso sea "controlado, ordenado y consensuado". Admite que el objetivo es que ese proceso culmine con "el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA" -no habla de disolución-, que se haga en un "tiempo prudencial" y con la intervención de "organismos facilitadores internacionales independientes".
En el mismo epígrafe establece que la presencia de las Fuerzas de Seguridad tendrá que adecuarse al "nuevo tiempo político", respondiendo a un "plan de repliegue hasta su retirada en 10 años". "El cese de la actividad policial será aplicable a todos los cuerpos de seguridad", dicen, y será aprobado por los parlamentarios de Vitoria y Pamplona y negociado "con Madrid".
Política penitenciaria
Otro de los puntos fundamentales es la política penitenciaria. El objetivo proetarra es que "no haya un solo ciudadano vasco privado de libertad o con residencia fuera del país contra su voluntad por motivos políticos". Los proetarras señalan que hay que "modificar la política penitenciaria para adecuarla a los estándares internacionales".