Rafá Zouhier, exconfidente de la Guardia Civil, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11-M saldrá en libertad el 16 de marzo tras haber cumplido de forma íntegra su condena.
La Sección Segunda de la Audiencia Nacional –presidida por la magistrada Concepción Espejel- ha dictado este miércoles su licenciamiento definitivo de condena que el pasado 13 de enero fue enviado a la cárcel de Puerto I (Cádiz) donde se encuentra interno el marroquí, según han informado fuentes jurídicas.
Una vez que sea puesto en libertad Zouhier podría ser expulsado de España conforme al artículo 57 de la Ley de Extranjería que señala que "constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados".
La legislación prevé además que la expulsión conlleve "la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España".
En 2008 el Tribunal Supremo condenó a Rafá Zouhier en sentencia firme a 10 años de prisión por un delito de tráfico de explosivos en colaboración con organización terrorista. El Tribunal dio por probado que Rafá Zouhier actuó como intermediario en el tráfico de explosivos, poniendo en contacto directo al proveedor –Suárez Trashorras– y al demandante -Jamal Ahmidan y su grupo-.
Dado que el marroquí fue detenido el 19 de marzo de 2004 –ocho días después de los atentados de Madrid- y desde entonces ha permanecido en prisión su puesta en libertad se producirá el próximo 16 de marzo.
La decisión de la Sección Segunda ha contado con el informe favorable del fiscal. Durante el juicio Zouhier se declaró "superinocente" y fue expulsado en varias ocasiones de la Sala, una de ellas por darle un codazo a otro acusado sentado junto a él en el banquillo. La Fiscalía le acusaba de ser cooperador necesario en la masacre por lo que pidió una de las mayores penas para él: 38.968 años de prisión.
Ahora, la Audiencia Nacional ha comunicado a la Brigada de Extranjería y Documentación de Cádiz, la próxima libertad del marroquí para que en caso de considerarlo oportuno y procedente inicie los trámites pertinentes para su expulsión del territorio nacional.