El Consejo de Personal de la Guardia Civil ha dado su visto bueno este lunes al anteproyecto de Código Penal Militar en una tensa reunión extraordinaria en la que ha quedado patente la división que existe entre las asociaciones profesionales del Cuerpo y, en algunos casos, las diferencias entre algunas de estas asociaciones y la política que quiere marcar la propia Dirección General del Instituto Armado.
El articulado ha contado con el apoyo de los miembros designados por la Dirección General y de dos asociaciones: la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO); mientras que contó con el voto contrario de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de la Guardia Civil (UniónGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).
La polémica principal se centra en el punto 7 bis del anteproyecto, que las asociaciones que se han manifestado en contra consideran que es "una iniciativa de imponer las leyes militares a los guardias civiles, incluso en su actividad policial", lo que, a su juicio, "supondrá nuevamente que los guardias civiles sean enviados a prisión por meras faltas administrativas o laborales" y restituirá "algo que había sido superado y derogado en el año 2007 por el Parlamento".
La Dirección General insiste en que el anteproyecto de nuevo Código Penal Militar "lo único que se hace es recoger en el nuevo texto normativo lo que ya está regulado a todos los miembros de la Guardia Civil a través del artículo 7 bis del actual Código Penal Militar que se recogió en la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil aprobada en 2007. Es decir, que lo que se hace es actualizarlo conforme a las normas que ya son de aplicación a la Guardia Civil, no se añade nada nuevo que no esté actualmente en vigor".
Textualmente, ese artículo 7 bis dice:
"Las disposiciones de este Código no serán de aplicación a las acciones u omisiones de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho instituto. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades Militares".
Ante el intenso debate que ha generado este artículo y otros puntos del anteproyecto de ley, el máximo responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha anunciado que se pondrá en marcha un grupo de trabajo que estudien con detalle algunos de estos aspectos más polémicos para que se lleguen a aportar, si fuera necesario, "posibles modificaciones al articulado".
Durante ese acalorado debate, incluso, el máximo responsable del Cuerpo ha llegado a pedir de forma genérica, que los guardias civiles que estén en contra de la naturaleza militar del Cuerpo, se planteen abandonar la Institución, según ha dado a conocer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
El anteproyecto de ley, que está redactando el Ministerio de Defensa, y que afecta a la Benemérita en cuanto a que es un cuerpo de naturaleza militar, está en pleno proceso de tramitación y, al igual que al Consejo de Personal de la Guardia Civil, el departamento que dirige Pedro Morenés ha solicitado informes a otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); el Consejo Fiscal; la Fiscalía Togada de la Sala Militar del Tribunal Supremo; la Asesoría Jurídica General de la Defensa; o el Ministerio del Interior, entre otros.