La consejera de Educación de la Generalidad, Irene Rigau, ha asegurado que recurrirán el auto del TSJC según el que, si un alumno lo pide, se deben impartir en castellano al menos el 25% de las clases, y ha acusado al PP de intentar imponer el modelo del PP balear o valenciano.
Rigau ha lamentado en rueda de prensa que "se pretenda imponer en Cataluña, por vía judicial desde el Supremo, el modelo que desde el Partido Popular se está imponiendo en territorios como las Islas Baleares o el País Valenciano (sic)".
La consejar ha criticado lo que considera una "extralimitación" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque este "tiene como función hacer cumplir las leyes, no cambiarlas".
La titular catalana de Educación también ha dado a entender que, hasta obtener una respuesta al recurso que presentarán, no actuarán, y ha afirmado que, tras la reunión de mañana con los centros afectados, prepararán el recurso y cuando tengan alguna respuesta se volverán a reunir para decir a los centros lo que deben hacer.
Irene Rigau ha indicado que la Generalidad "asume como propia" la decisión del TSJC, que afecta a ocho alumnos de centros, en su mayoría concertados, y ha considerado "incomprensible" que no se haya esperado a la resolución del Tribunal Constitucional (TC). También ha recordado que ya denunciaron "la extralimitación del Supremo" al modificar el contenido de una ley "cuando sólo le corresponden casos particulares".
Rigau ha sostenido que la orden del TSJC "pone a los centros en una situación particular" porque se dirige a la dirección y no "al responsable del departamento". "Cuesta entender que se quiera obligar a los centros y a los directores a incumplir la ley -catalana- de educación y su despliegue", ha resaltado Rigau, porque, ha recordado, "la ley de educación está vigente, recurrida por el PP, pero como no ha habido sentencia, vigente".
En cuanto a la cuota del 25%, la consejera ha reivindicado que es "al gobierno de Cataluña a quien le compete fijar los porcentajes, pero ahora se le atribuye al TSJC". "¿Por qué un 25 %? ¿Cuál es la base?", se ha preguntado Rigau, "¿dónde queda el referente balear y el del País Valenciano? (sin), ¿desde cuándo nos dedicamos a trocear la lengua?".
Rigau ha señalado que "la inmersión lingüística está avalada y garantizada", pero ha explicado que "el problema es su aplicación", por lo que se ha mostrado "sorprendida" e "indignada".