A primera hora de la mañana -y antes de presentar su recurso contra los últimos autos del TSJC- Irene Rigau acudió a TV3 para advertir a las nuevas 151 familias, que tras esta última decisión judicial solicitaron educación bilingüe para sus hijos, que la Ley de Educación de Cataluña prima sobre el derecho a que sus hijos reciban más horas de clase en castellano, según recoge La Vanguardia.
Esto será lo que desde la Consejería de Educación se les indicará, tratarán de dialogar con ellos para evitar la judicialización de estos nuevos casos que se suman a las 1.300 familias que en Cataluña han tenido que recurrir a la Justicia. Pero Rigau no se quedó ahí y afirmó que entre estas 151 nuevas solicitudes hay irregularidades al no presentar la información completa, así como casos universitarios y de guarderías, sostuvo."Veremos cuántos de estos casos acaban en los juzgados".
Sobre los cinco casos sobre los que el TSJC falló la semana pasada, la consejera reconoció que vienen de lejos, del año 2006 y que se complicaron a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, donde le dice a la Generalidad que la atención individualizada no es la solución sino que toda la clase del estudiante recurrente deberá introducir el castellano como lengua vehicular junto al catalán; si no, se produciría una situación de discriminación. Rigau reconoció que los centros a los que afectan estos nuevos autos tienen un mes para aplicarlo, por lo que manifestó su deseo de que haya respuesta antes porque "los centros no deben quedar en una situación de violencia", dijo.
"Creo que ahora necesitamos tranquilidad sabiendo que la Generalitat defiende el modelo y que los porcentajes los tiene que establecer la administración" de acuerdo con la realidad sociolingüística, de manera que estos baremos no corresponden "nunca a un tribunal", afirmó Rigau. En este sentido, la responsable de Educación señaló que su departamento está enfocado en "la solidez del recurso", para "buscar la manera de demostrar que no es una cuestión de porcentajes" sino que cada escuela es diferente y que "el debate del bilingüismo ya está superado".
Y llegó a afirmar cuando le preguntaron sobre la posibilidad de hacer caso omiso a las sentencias o a leyes como la Lomce: "La administración no puede garantizar la insumisión pero sí recurrir todas las instancias y buscar muchas estrategias creativas". Y añadió que "si hubiésemos tirado la toalla, ya hace mucho que tendríamos un modelo de 50%".
Francisco Caja -presidente de Convivencia Cívica Catalana, entidad a través de la cual estas 151 familias han presentado su solicitud ante la consejería- reconoció a LD su "perplejidad" ante esta "guerra de cifras". Y recordó lo que sucede en esta comunidad autónoma: "si un padre quiere que su hijo estudie sólo en catalán (algo a lo que no tiene derecho porque no se puede estudiar sólo en catalán o sólo en castellano), sólo tiene que pedirlo y automáticamente lo tiene. El padre que quiere ensañanza bilingüe, si lo solicita no se lo conceden". Calificó a estas familias que se atreven a dar el paso de "héroes". Y es que, estos cinco casos sobre los que recientemente ha fallado el tribunal llevan esperando ocho años y "sus hijos todavía no reciben enseñanza bilingüe porque la consejera desobedece a los tribunales", recordó.
Por último, la consejera Irene Rigau ve en todo esto una conspiración para desbancar al catalán en favor del castellano en toda España. Puso como ejemplo el crecimiento del español en Galicia frente a al gallego, la debilitación del catalán en Baleares y Valencia. "Son ejemplos de la voluntad de debilitar la lenguia catalana. Todo esto forma parte de una estrategia global: poner fin al estado plurinacional y volver a un estado centralizado", opinó.