Laura Gómiz, la expresidenta de la empresa de capital riesgo Invercaria e imputada en el caso que está investigando el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla por presuntos delitos de malversación, falsedad y tráfico de influencias relacionados con la concesión de ayudas y subvenciones millonarias de manera arbitraria a empresas "amigas", ha sido despedida por la Junta. Han pasado nada menos que dos años de su dimisión en febrero de 2012, en los que ha seguido trabajando inexplicablemente como directiva de la entidad.
Sin embargo, Susana Díaz, que afirmó iba a ser implacable contra la corrupción, no sólo no lo ha sido estos meses que lleva de presidenta sino que mantiene todavía en sus puestos a altos cargos que están imputados. Es el caso, por ejemplo, cita El Mundo, de Inés María Bardón Rafael, que, por si fuera poco, acaba de ser aupada a la dirección general de Presupuestos desde su puesto en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a pesar de que aparece señalada por la Policía, también en el caso Invercaria, como responsable de un presunto trato de favor a su hermano imputado en este caso.
El caso de Laura Gómiz fue especialmente escandaloso porque uno de sus subordinados, Cristóbal Cantos, cansado de sufrir presiones para que aceptara fabricar informes falsos sobre las decisiones de inversión de la empresa pública, grabó sus conversaciones con la presidenta que devinieron en monumental escándalo andaluz y nacional por las frases que Gómiz dijo en aquellas cintas. Una de las más recordadas está relacionada con la ética: "Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización".
Laura Gómiz declaró como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas en junio y negó que hiciera o encargara la elaboración de informes falsos para la concesión de subvenciones y trató de desvincularse del escándalo de los 1,7 millones de euros gastados por la Junta en un proyecto que nunca llegó a fraguar, el de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Pero la grabación la delataba y fue admitida como prueba por el juzgado:
Gómiz presidió Invercaria entre julio de 2010 y febrero de 2012, cuando dimitió después de que llegaran al juzgado las cintas de audio en las que se la escucha inducir a un subordinado para que falsificara expedientes de empresas que habían recibido ayudas.
Gómiz y su sucesor, Francisco Álvaro Julio, intentaron que las cintas no fueran admitidas como pruebas por manipulación. Incluso llegaron a conseguir que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán declarara que tales cintas habían sido adulteradas en 13 pasajes. Pero ya forman parte de los hechos probados ratificados incluso por el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía.
Con este despido, la figura de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán va oscureciéndose cada vez más, tanto en este caso como en el de los ERE. Gómiz presidió Invercaria entre julio de 2010 y febrero de 2012, cuando dimitió después de que llegaran al juzgado las cintas de audio en las que se la escucha inducir a un subordinado para que falsificara expedientes de empresas que habían recibido ayudas.