El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, que apenas se ha pronunciado públicamente en los últimos días, ha concedido una entrevista este martes a la cadena COPE donde ha cargado contra la Guardia Civil por la polémica sobre los inmigrantes en Ceuta. Según Rubalcaba, la actuación de la Benemérita es "imposible de defender".
Para el socialista, "quince personas han perdido la vida en el mar. Hubo una actuación de la Guardia Civil imposible de defender" y "alguien tiene que explicar", ha señalado. Precisamente, en cuanto a las explicaciones que ha dado, en primer lugar en esRadio, Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil, Rubalcaba ha dicho que se limitó a decir "mentiras muy gordas". Para el jefe de la oposición, "alguien tomó una orden absolutamente equivocada. Quince personas se han ahogado presumiblemente delante de las fuerzas de seguridad. Se ha cometido un conjunto de errores y mentiras". Así, considera que una cosa es la política de inmigración, que "se puede revisar siempre", y otra cosa lo sucedido la semana pasada.
Acto seguido, Rubalcaba señaló a los agentes como causantes directos de la muerte de los inmigrantes: "Tal y como dijeron los inmigrantes y las ONG, se disparó con balas de fogueo, con pelotas de goma, a inmigrantes que estaban en el agua. Esto pudo haber causado que 15 personas perdieran la vida. Se disparó contra gente que estaba en el agua, y eso es intolerable e indecente".
En cambio, Rubalcaba no ha mencionado en su entrevista con Ernesto Sáenz de Buruaga el escrito de más de 180 asociaciones de inmigrantes que denunciaba en 2009 las "redadas policiales" que se llevaron a cabo desde el Ministerio del Interior bajo su mando. Se hicieron "identificaciones masivas", de inmigrantes que, según estos testimonios fueron "racistas y xenófobas".
Acusaban al equipo de Pérez Rubalcaba de cometer varios delitos por ordenar el establecimiento de cupos de detención de inmigrantes. Estas asociaciones creían demostrado que se dieron varios casos de malversación, prevaricación, coacción, acoso, racismo y xenofobia.
Siempre según los colectivos denunciantes, el Ministerio del Interior ordenaba "redadas ilegales e identificaciones masivas e indiscriminadas y las detenciones selectivas dirigidas hacia los colectivos con rasgos físicos diferentes a los de la mayoría de la población". Unas detenciones que se producían en "la vía pública, lugares de ocio, cercanías de consulados, embajadas u oficinas de Extranjería, puertas de colegios, plazas, locutorios, estaciones de metro y de autobuses".