Tal día como hoy, 26 de febrero, pero de 2007, Libertad Digital contaba en su portada la sanción a un funcionario que coló como posible respuesta en un examen para cubrir cinco plazas de bombero: "Zapatero bobo. ETA no pacta".
La pregunta en dicha oposición convocada por el Ayuntamiento de Alicante era "¿Cuál de estas sustancias es autorreactiva?: Tetracloroetano, Azodi, Tetrafluoretao o Zapateroboboetanopacta". La reacción política no se hizo esperar en cuanto se supo conocieron los hechos. El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, calificó el hecho de "inadmisible" y anunció que ordenó "que de forma inmediata se abra un expediente para averiguar los hechos y determinar quién ha introducido la citada respuesta". El alcalde del PP, que aseguró sentirse "indignado" y "avergonzado", afirmó que "está dispuesto a poner todos los medios para conocer quién o quiénes han sido los responsables y pueda aplicárseles la sanción correspondiente".
Los hechos se conocieron después de que un opositor presentara un escrito ante el Registro Municipal para solicitar la anulación o sustitución de varias preguntas de esta prueba, entre las que figura la referida en sus posibles respuestas al presidente del Gobierno. El portavoz socialista en el consistorio alicantino pidió al alcalde el cese "de forma inmediata y contundente" del presidente del tribunal calificador, entonces delegado de Personal del Ayuntamiento y senador del PP.
Casi un año después, la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Alicante sancionó "con 15 días de suspensión de empleo y sueldo" al funcionario que incluyó la posible respuesta. La medida sancionadora fue criticada por el grupo socialista que la calificó de "premio" y volvió a pedir la dimisión del presidente del tribunal de la oposición. El portavoz socialista consideró que "utilizar una oposición para difundir las ideas del PP y reírse del presidente del Gobierno es un hecho gravísimo".
Desde el Gobierno regional explicaron que la medida aplicad estaba recogida en el Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado "como atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración".