La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza por responsabilidad civil de 29.568.129 euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró mas de una década.
En un auto dado a conocer este miércoles Alaya impone además una fianza civil de 22.176.096,89 euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, y de 8.870.438,76 euros al exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004 Antonio Estepa.
La instructora explica que los indicios que pesan contra Álvarez, Salgueiro y Estepa la llevan a fijar estas fianzas millonarias contra ellos. En este sentido, la magistrada manifiesta que "cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran resultar condenados en un futuro por los hechos que se investigan" y por esta razón les imponen las fianzas con el fin de que devuelvan en la media de lo posible "el dinero que de manera indiciariamente ílicita ha salido del erario de la Junta de Andalucía".
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez Mercedes Alaya calcula esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004.
Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011. La juez imputa a Álvarez por malversación y prevaricación, cargos que la exministra ya negó el pasado 8 de octubre ante la magistrada, ante quien defendió que no conoció los "reparos" de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas.
Alaya considera a la exministra "una de las promotoras, en connivencia con otros" del sistema de pagos de los ERE, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía su concesión discrecional. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que están en cuestión una cuarta parte.
Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que también están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y su antecesor y diputado José Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a Álvarez haber eludido "los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización" establecidos para las subvenciones "puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca". Del mismo modo, también atribuye a la exministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.
En el auto mismo, Alaya cuantifica las ayudas abonadas hasta el 31 de diciembre de 2003 en más de 177 millones de euros y asegura que las medidas cautelares impuestas tienen la finalidad de "la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía".
Promotores de las medidas irregulares
Por haber estado largo tiempo en sus responsabilidades en la Consejería de Economía y Hacienda, Álvarez junto con otros serían promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el 2011. La finalidada del mismo sería "financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas".
De esa forma, "no se tramitaban por esta expedientes de subvenciones sino expedientes de transferencias de financiación al IFA con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas, mientras que para la tramitación del expediente de transferencia de financiación solo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado y emitir la orden de traspaso de pagos al IFA en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de la Tesorería, basándose en estos solos extremos la fiscalización del expediente".
Tanto Magdalena Alvarez como José Salgueiro, viceconsejero y Antonio Estepa, secretario general técnico, a los que impone 22 y casi 9 millones de fianza respectivamente, participaron en ese uso ilegal de fondos púbicos "a sabiendas de que la concesión de subvenciones se concedería con absoluta discreconalidad y de forma totalmente opaca".
El resultado de su comportamiento fueron unas leyes de presupuesto "frontalmente contrarias a gran parte del ordenamiento jurídico a la Constitucion española y al Estatuto de autonomìa, además de a varias leyes autonómicas".
Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía habían pedido medidas contra ella. La acusación ejercida por el PP dejó que la juez determinase la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.
Valderas dice que es una cifra "exagerada"
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha señalado este miércoles que "a cualquier andaluz que le preguntes le puede parecer exagerado" que Mercedes Alaya haya impuesto una fianza civil de 29,5 millones a la exministra, aunque ha mostrado su "respeto" a las decisiones judiciales.
Sobre la decisión de Alaya de investigar lo que la Cámara conocía de los ERE, a Valderas le preocupa "que alguien señale al Parlamento como un lugar no deseable" y cree que es "ir más allá".