A pesar de que su código de conducta exige a sus miembros comportarse de forma "digna e irreprochable" en todas sus facetas profesionales, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) prefiere, por el momento, y esgrimiendo el "respeto a la presunción de inocencia", no tomar acciones disciplinarias contra su vicepresidenta, Magdalena Álvarez.
Tras una jornada de silencio, el Banco ha asegurado en un escueto comunicado que "sigue de cerca" la investigación que afecta a su vicepresidenta. En Luxemburgo, se dan por enterados de la "presunta malversación de fondos" por parte de Álvarez y de la consiguiente fianza de 29,5 millones de euros impuesta por la Justicia. Aseguran que el contacto con las autoridades españolas es "estrecho y constante", pero eluden tomar medidas contra la imputada por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía.
Magdalena Álvarez ocupa una de las 28 sillas del comité de dirección (el órgano que toma las decisiones en el Banco) en representación de España, el quinto accionista del BEI. Por ello, la institución le exige un comportamiento que evite, como recoge el código ético del propio BEI, "afectar negativamente a la reputación del banco".
Sueldo de vicepresidenta
Álvarez, como otros siete miembros de la entidad, se sienta en el BEI en calidad de vicepresidenta, lo cual, al igual que sucede en la Comisión Europea, no deja de ser un cargo meramente representativo cuyas funciones –la suya, en concreto, es la de Transportes- no se diferencian de la del resto de sus miembros.
Sin embargo, el sueldo sí es acorde al rango que ostenta. Así pues, Álvarez ha estado percibiendo desde julio de 2010 un salario mensual de 22.963 euros brutos más un complemento de alrededor de 4.400 euros al mes (gastos de representación y plus por vivienda, o dietas de hasta 600 euros por asistir a una sola reunión). Eso sin olvidar que, por cada año de servicio –y si se mantiene en el cargo, como pretende, hasta julio de 2014, habrá sumado 4 años- Álvarez adquiere el derecho a una pensión equivalente al 4,275% de su salario base a partir de los 65 años.
En el otro órgano del BEI (el consejo de gobernadores), se sienta Luis de Guindos, en calidad de gobernador por su condición de ministro de Economía de un Estado miembro de la UE, pero no recibe remuneración alguna por ello por considerarse "parte de su tareas ministeriales".