La Policía Nacional han desarticulado la principal trama criminal dedicada a la conocida como "estafa de los revisores del gas", en una operación en la que han sido detenidos los 12 creadores de un entramado de 60 empresas que engañaron a cerca de 2.000 personas en toda España, principalmente a ancianos, ciudadanos extranjeros y discapacitados.
Según ha informado la dirección General de la Policía, falsos revisores del gas acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables y las amenazaban con cortar el suministro o importantes multas si se negaban a una revisión que calificaban como obligatoria.
Así, los integrantes de esta red llegaron a obtener hasta 900 euros de una sola víctima y asediaron a ancianos a los que estafaron varias veces en días consecutivos o acompañaron al cajero automático para que retiraran la mayor cantidad de efectivo posible.
Como consecuencia de su actividad delictiva, los detenidos gozaban de un alto nivel de vida y numerosas propiedades de lujo en España, mientras la macro red de mercantiles acumula también una deuda de cerca de 4.000.000 de euros con la Seguridad Social. La Policía ha embargado de un total de 227 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades y ha incautado de 10 vehículos de alta gama.
Durante casi dos años, los investigadores se han centrado en un entramado de empresas con idéntico objeto social relacionado con las revisiones y el mantenimiento de instalaciones receptoras de gas envasado o de GLP (Gas Licuado procedente del Petróleo), las populares bombonas de butano.
La red empresarial, que acumula 3,9 millones de euros de deuda con la Seguridad Social, estaba asesorada y fue creada a partir de una asociación sin ánimo de lucro, en la que cinco de los 12 detenidos figuraban como integrantes del consejo de administración.
Máximo beneficio posible
Estas empresas contrataban a operarios, en ocasiones con antecedentes penales, para que acudieran a domicilios de personas generalmente de edad avanzada a las que mediante engaños les hacían creer que se trataba de revisiones obligatorias.
En ocasiones llamaban previamente por teléfono a los ciudadanos haciéndose pasar por inspectores de Industria, para acto seguido presentarse en sus domicilios para realizar dichas revisiones. Una vez en el interior de las viviendas, los operarios simulaban servicios de mantenimiento y realizaban supuestas revisiones y trabajos innecesarios por los que cobraban unas cantidades abusivas que oscilaban entre los 50 y los 390 euros. También aprovechaban que les hubieran franqueado el paso al domicilio para hurtar al descuido objetos de valor.
Los operarios no tenían la habilitación de instalador emitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por lo que generaban situaciones de riesgo en las viviendas a las que acudían debido a la burda manipulación de las instalaciones. Para intentar justificar el precio de la supuesta revisión, llegaban incluso a cortar las gomas canalizadoras del gas, con el riesgo de explosión que ello conlleva.