El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pide a la Fiscalía Superior de Andalucía que abra diligencias de investigación sobre el informe de la Cámara de Cuentas publicado recientemente que detectó que la Junta de Andalucía había repartido "sin control" 57 millones de euros entre los 95 consorcios municipales de empleo, denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).
Según la Cámara de Cuentas, durante los años 2010, 2011 y 2012, el SAE concedió ayudas a los 95 consorcios UTEDLT por un total de 57.340.676 euros. Este importe incluía las subvenciones para la financiación de los costes salariales de las estructuras básicas y complementarias, para los incentivos derivados del cumplimiento de objetivos y para las indemnizaciones por la extinción de los contratos laborales.
La estructura básica de los mismos estaba compuesta, únicamente, por el director del consorcio y la estructura complementaria la conformaban los ALPEs. Para el análisis se seleccionó una muestra de 25 consorcios UTEDLT, de los que se revisaron determinados aspectos del funcionamiento y de la gestión económica desarrollada, así como los expedientes de las ayudas que se les concedieron, mediante las convocatorias de los años 2010 y 2011.
En los 95 consorcios de empleo, trabajaban 95 directores con contratos de alta dirección colocados "a dedo", además de 697 técnicos. Los 57.340.676 euros fueron destinados a sufragar los "costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de contratos" de su plantilla.
Pero "no hay constancia de que las entidades consorciadas (el SAE y las entidades municipales) llevaran a cabo un control de la gestión desarrollada por los consorcios, tal y como preceptúan los estatutos".
Ahora, el fiscal superior de Andalucía, tendrá que investigar si de los hechos descritos por la Cámara de Cuentas se derivan posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal. Habrán de abrirse diligencias y tal vez la investigación se una a otra anterior, fundada asimismo en un informe de la Cámara de Cuentas, que encontró 48,8 millones de euros sin justificar en subvenciones también del SAE que fueron a parar a la escandalosa Fundación pública Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ligada al PSOE para el que fue una agencia de colocación para familiares y allegados.
Incluso, en los consorcios de empleo que no hay constancia de la "verificación de la efectiva realización de la actividad que constituye el objeto de la subvención percibida del SAE". Nadie controlada nada en los Consorcios.
Por poner un último ejemplo, a todos los directores de Consorcio se les asignaba el mismo sueldo con independencia del número de ALPEs que tuvieran que coordinar. Así, había directores que no tenían equipo para gestionar, como eran los de los consorcios UTEDLT de Adra, Vícar, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, mientras que otros debían coordinar equipos con un elevado número de ALPEs, como por ejemplo el consorcio de Sierra de Cádiz, que contaba con un total de 22 ALPEs y el de Condado de Huelva, que tenía contratados a 29 ALPEs. Pero todos cobraban lo mismo.