La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha incoado diligencias previas de investigación penal y designa para su tramitación al fiscal correspondiente. Lo ha hecho a instancias del Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, que presentó un escrito al Fiscal Superior de Andalucía para solicitar esta apertura de diligencias de investigación ante las irregularidades recogidas por la Cámara de Cuentas en el "Informe de Fiscalización Horizontal de la gestión de las ayudas de la Junta de Andalucía" sobre la contratación de personal en consorcios como las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) o los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).
El mencionado informe, correspondiente a los ejercicios de 2010 a 2012 y aprobado el pasado 15 de enero de 2014, hizo hecho saltar las alarmas. La Cámara advierte en las conclusiones del documento que "no ha sido posible obtener documentación relacionada con la adecuación en la selección del personal, con la actividad desarrollada y sobre la gestión económica". Además añade que "un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo. Asimismo, en los expedientes no constaba la siguiente documentación preceptiva para el procedimiento de selección: en un 48% de los expedientes, la presentación de la oferta genérica, en un 21%, que las contrataciones se hubieran realizado entre personas demandantes de empleo y en un 48%, la preceptiva convocatoria pública".
Y finaliza que "estas deficiencias han provocado (…) que no se pueda concluir sobre la adecuación del procedimiento seguido para la selección y contratación del citado personal".
SAF señala que el coste de personal supone una cuantía total de 57.340.676 euros, solo el periodo que transcurre desde 2010 a 2012, aunque los consorcios están operativos desde 2002. Más de 57 millones de euros en solo tres años que están destinados a sufragar los costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de los contratos. Precisamente, el personal técnico y administrativo de la estructura básica forman parte desde enero de 2009 de los CADE, adscritos a la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende.
En el escrito, SAF denuncia que este personal continúa percibiendo retribuciones con cargo al erario público, a través de subvenciones, incluso aunque, tal y como afirma la Cámara de Cuentas en el informe, no consta convocatoria pública, oferta genérica o documentación preceptiva en la selección como exige la orden reguladora, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española.
El Sindicato muestra su satisfacción ante la respuesta del Fiscal Superior. SAF espera que se esclarezcan los hechos, se investiguen posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal y se puedan depurar responsabilidades al respecto.