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Garzón no envió las pruebas contra Bolinaga en el asesinato de un guardia civil

La Fiscalía pidió reabrir la causa del asesinato de un guardia civil. La AVT y DyJ piden ser acusación popular.

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Bolinaga volverá a sentarse en un banquillo. La cita será este jueves 3 de abril y los juzgados de Vergara -a apenas doce kilómetros de Mondragón, la localidad guipuzcoana donde está residiendo el terrorista de ETA- serán el escenario de su declaración, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le haya permitido comparecer por videoconferencia y no considere necesario que se traslade hasta Madrid.

Un informe de la Guardia Civil, basado en la declaración de los terroristas de ETA Miguel Gaztelu Otxoandorena, José Luis Erostegui y Sabino Usandizaga, miembros del grupo Bellotxa de la organización terrorista, señala a Josu Uribetxeberria Bolinaga como autor material del asesinato del guardia civil Antonio Ramos Ramírez en junio de 1986, cuando este salía de un bar en Mondragón y fue ametrallado con un grupo etarra.

Estos datos habían estado en poder de la Audiencia Nacional al menos desde 1998, cuando el entonces juez Baltasar Garzón fue el máximo responsable judicial de la investigación policial que tenia como objetivo la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, aunque por motivos que se desconocen este informe de la Guardia Civil no fue trasladado al juzgado del mismo tribunal en el que estaba abierta la causa por el asesinato del agente Ramos.

Sin embargo, nadie se había percatado de su extravío hasta que la Audiencia Nacional realizó un documento en el que se resumían los datos existentes sobre los más de 300 asesinatos de ETA que todavía están por resolver. Analizando los datos uno por uno de cada asesinado, se dieron cuenta de que sobre uno de ellos había suficientes datos como para apuntar a que la autoría del mismo podría haber correspondido a Bolinaga.

Este estudio de la Audiencia Nacional se debió a una solicitud de información por parte de las víctimas del terrorismo, que cristalizó con un artículo de presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, en la revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la entidad que actualmente preside María del Mar Blanco.

La Fiscalía solicitó a principios de esta semana al Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional que reabriera el sumario en el que se contienen los datos sobre dicho asesinato, que se incorporasen las pruebas recabadas y que se iniciasen las pertinentes diligencias de instrucción. El proceso se iniciará este jueves con la ya mencionada declaración por videoconferencia del terrorista de ETA, que se encuentra actualmente en libertad.

Precisamente, este mismo miércoles, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido su personación como acusación popular en la causa tras presentar una querella contra Bolinaga por el asesinato del guardia civil. "Desde la AVT aprovechamos estas líneas para recordar que desde el primer momento tras la infame liberación de Bolinaga hemos denunciado todos los agravios sufridos por las víctimas en este asunto", señala la asociación en un comunicado recogido por Efe en el que califica la excarcelación de "injusta". En próximas días, Dignidad y Justicia también hará lo mismo.

Las posibilidades de que el etarra vuelva a prisión no dependerán de que dentro de unos meses pueda ser o no condenado por el asesinato del agente, sino de su estado de salud, según el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien el martes dijo que la situación del etarra no puede "quedar de manera estática", sino que "debe ser contrastada periódicamente" con los informes médicos sobre su estado de salud.

En este sentido, las asociaciones de víctimas siempre han considerado que la excarcelación de Bolinaga fue una decisión política, no médica, razón por la que la propia AVT presentó hace unos meses una denuncia contra dos médicos forenses de la Audiencia Nacional que emitieron un informe médico sobre Bolinaga "sin practicar exploración alguna al asesino". Ese informe sirvió para descartar otro informe de la médico forense Carmen Baena en el que se aseguraba que el secuestrador de Ortega Lara "no se encuentra en fase terminal" y podía ser atendido en prisión.

Esa excarcelación había sido apoyada públicamente tanto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dijo en un programa de televisión que el etarra "lleva cincuenta días en el hospital y apenas pesa 47 kilogramos", obviando que esto se debía a un huelga de hambre y no al cáncer que padecía, y por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien llegó a decir que mantenerlo en prisión podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

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