El juez Fernando Andreu ha dejado este martes en libertad a ocho ciudadanos egipcios que fueron detenidos el pasado 6 de marzo tras ser interceptados en un barco pesquero con trece toneladas de hachís cuando navegaban por aguas de Almería, como consecuencia de la reforma de la ley de justicia universal.
En la embarcación se intervinieron un total de 401 fardos, que contenían hachís, con un peso total de 9.851 kilos valorados en más de 56 millones de euros.
El instructor de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión en un auto tras comprobar que, con la nueva normativa en materia de jurisdicción universal, los tribunales españoles carecen de competencia para juzgar a estos detenidos por un delito de tráfico de estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros y en un barco sin bandera.
La justicia española no puede ya perseguirles al no responder este caso a los nuevos requisitos de la justicia universal, explica, dado que ni son españoles, ni el barco tenía bandera, ni el delito se iba a cometer en España porque, tal y como declararon, venían de Alejandría, cogieron la droga en Marruecos y su destino era Libia.
El instructor recuerda que si bien la Justicia española prevé una relación de delitos en los que la competencia de España va más allá de los principios de territorialidad, acogiendo el principio de persecución universal, esta competencia "se ha visto recientemente modificada, limitándola y estableciendo una serie de requisitos que suponen una muy importante restricción de la competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de hechos cometidos fuera de nuestras fronteras".
En la resolución Andreu señala que "debo declarar como declaro la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para el conocimiento de los hechos que han dado lugar al presente conocimiento , y que, en aplicación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2014 procede decretar el sobreseimiento e las presentes actuaciones".
El titular del Juzgado Central Número 4 sostiene que la reforma de la justicia universal "deja fuera" de la jurisdicción de los tribunales españoles investigar este tipo de delitos . "A día de hoy no existe cobertura legal para mantener nuestra jurisdicción en las presentes diligencias", destaca el juez Fernando Andreu.