La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha justificado el envío de requerimientos al Congreso de los Diputados y al Senado para su traslado a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por ser "su lugar de trabajo" y ante las "dificultades" para localizar previamente sus domicilios.
En una providencia fechada el pasado lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, Alaya asegura que "ante las dificultades para localizar los domicilios de las personas a las que se refiere el auto de 18 de diciembre", en el que preimputaba a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros de la Junta, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados, "procede notificarles" el requerimiento "en su lugar de trabajo".
Con este objetivo, la magistrada acordó librar "atentos oficios" a los presidentes del Congreso de los Diputados, Jesús Posada; del Senado, Pío García Escudero; y del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, "a fin de que se hagan entrega de copia del auto" a cada uno de los siete aforados que figuran como "preimputados".
Las Mesas del Congreso y del Senado acordaron este martes devolver a la juez Mercedes Alaya la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Viera y al senador socialista José Antonio Griñán y advirtieron a la magistrada que no había optado por el "camino correcto" para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.