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Los agujeros negros de la formación para el empleo en Andalucía

El fraude no es un caso aislado, como el de la Comunidad de Madrid, sino masivo y perpetrado por acción u omisión de la Junta desde hace años.

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El fraude no es un caso aislado, como el de la Comunidad de Madrid, sino masivo y perpetrado por acción u omisión de la Junta desde hace años.

A pesar de las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre las supuestas filtraciones de Moncloa en el reciente caso de la formación profesional, la realidad es que son las investigaciones periodísticas y de la propia Cámara de Cuentas de Andalucía las que han puesto a la formación para desempleados y ocupados en el ojo del huracán. La investigación que la Fiscalía de Málaga lleva a cabo sobre un expediente concreto, conocida por Operación Edu, es el último escándalo descubierto. En realidad, el caso de la formación profesional andaluza, que no es un fraude aislado como el acaecido en la Comunidad de Madrid, sino masivo y perpetrado por acción u omisión de la propia Junta de Andalucía, ha sido noticia desde hace años.

Los dos informes de la Cámara de Cuentas

El primero de ellos data de 2002 y se refiere a las subvenciones que la Junta concedió a UGT, CC.OO y la CEA en 1998 para el desarrollo de programas de formación para el empleo. En aquel informe ya se significaron numerosas irregularidades y se evidenció que casi la mitad del dinero destinado a la formación de parados y ocupados quedaba, en realidad, en las arcas sindicales y empresariales como gastos de gestión. Libertad Digital dio cuenta de ello hace años. El segundo informe, de principios de 2014, es demoledor sobre el uso del dinero destinado a la formación profesional. El documento del órgano fiscalizador se circunscribe al dinero entregado para cursos de formación en los años 2009 y 2010, en los que se gastaron 798 millones de euros, procedentes en parte de fondos europeos, a través de 3.748 subvenciones tramitadas a lo largo de ambos ejercicios.

Lo primero que denuncia el informe de la Cámara es la decisión de la Junta de Andalucía de excluir de los mecanismos de concurrencia pública a los sindicatos y la patronal en su calidad de "agentes sociales más representativos de Andalucía". El favoritismo hacia sindicatos y patronal ya fue denunciado por la Cámara de Cuentas en su informe de 2004 pero, diez años después, la Junta de Andalucía sigue entregando a las tres entidades el dinero que considera oportuno sin más justificación. En total, la CEA recibió en los dos ejercicios analizados 83 millones de euros para la realización de 3.869 cursos, la UGT 63,5 millones para 4.330 planes formativos y CCOO 63 millones para otros 3.373 cursos a realizar por el propio sindicato. Patronal y sindicatos reciben sus abultadas cantidades "por el total, sin necesidad de justificación previa".

La Cámara de Cuentas puso de manifiesto la existencia de al menos dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "declarando nulos los acuerdos de 2005 por los que se autorizaba la concesión de subvenciones en materia de formación ocupacional a estos agentes". Las sentencias fueron confirmadas posteriormente por sendas resoluciones del Tribunal Supremo, sin que la Junta de Andalucía haya modificado la manera en que privilegia a sindicatos y patronal en el manejo de los fondos públicos destinados a la formación para el empleo.

Además, el órgano fiscalizador andaluz reveló también la escasa utilidad de los cursos subvencionados. Sólo el 11% de los cursos financiados por la Junta de Andalucía en 2009 y 2010 permitió a los alumnos obtener una certificación de capacitación profesional. Por si fuera poco, de los 798 millones de euros dedicados por la Junta de Andalucía a formación en 2009 y 2010, 433 millones estaban en el momento de redactar el informe pendientes de justificar. La ley establece la imposibilidad de entregar nuevas subvenciones a entidades que no hayan justificado en tiempo y forma las entregas anteriores. Sin embargo, la Junta de Andalucía exoneró de este requisito a 466 entidades en 2009 y 378 en 2010, al objeto de que pudieran seguir recibiendo dinero público para organizar cursos de formación.

La Cámara de Cuentas puso finalmente de manifiesto el llamativo caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, organismo suprimido en 2011 por decreto de la Junta, al que se transfirió un total de 80 millones de euros en diversas entregas durante 2009 y 2010 sin que se haya acreditado su destino, con 400 cursos pagados cuya realización ni ha sido llevada a cabo ni se sabe cuándo va a tener lugar.

El caso de los sindicatos UGT y CCOO

El año pasado estalló el caso UGT de Andalucía en el que quedó claro, tras las investigaciones primeras de Libertad Digital seguidas después por otros medios, que la central sindical socialista había desviado dinero de las subvenciones para la formación a los parados para cubrir gastos sindicales además de otras muchas irregularidades. El caso comenzó a ser investigado por el juzgado número 9 de Sevilla, luego pasado a la juez Alaya y de nuevo pasado al juzgado 9 de la capital hispalense. Igualmente, Comisiones Obreras de Andalucía se vio implicada en casos similares por los que se abrieron investigaciones judiciales.

La trama de la CEA

También puesta de manifiesto por Libertad Digital, un núcleo significativo de la cúpula empresarial andaluza se organizó de modo que las subvenciones a la formación pagadas por la Junta pasaran por sus empresas. De hecho, en el seno de un minúsculo grupo de personas de toda confianza del ex presidente de la CEA, Santiago Herrero, nacieron numerosas empresas dedicadas a la formación en los últimos años. Federico Muela, Santiago Herrero, Baltasar Fernández Ávila, Juan Salas Tornero, Antonio Carrillo Alcalá, Juan Andrés Haurie, José Luis Haurie y algún otro son el meollo de este "lobby" interno de la CEA.

Estos datos, publicados por Libertad Digital hace tres años, fueron luego recogidos, muy en general, por El País, que dijo: "Un grupo de directivos y exdirectivos de la CEA se han beneficiado al facturar a la institución desde sus empresas por los cursos de formación. Desde los años 80 Federico Muela, su cuñado Baltasar Fernández y Juan Salas Tornero, amigos del presidente Santiago Herrero han gestionado los cursos para trabajadores y parados que contaban con fondos públicos. Eso sí, parte de la cuantía para la formación profesional procede de las cuotas anuales que aportan tanto las empresas (0,6%) y los trabajadores (0,1%) a la Seguridad Social".

La trama civil de la formación

Llamamos "trama civil" a las empresas y entidades que reciben subvenciones millonarias a la formación de desempleados y ocupados andaluces que no tienen como destino ni la CEA ni UGT ó CCOO y que presentan bien irregularidades denunciadas judicialmente o que son difícilmente explicables de no mediar la presencia del PSOE andaluz en alguna forma.

El caso Ojeda

El caso más escandaloso es el del ex consejero de la Junta de Andalucía, el socialista Ángel Ojeda Avilés, que ha recibido en sus empresas, fundaciones y asociaciones más de 50 millones de euros para la formación, algunos de los cuales fueron instrumentados en el caso de la empresa Delphi en Cádiz. Está investigado por la Guardia Civil y por el juzgado de Algeciras.

Ojeda Avilés, hasta principios de 2009, venía operando en el campo empresarial con Inversiones Toespa, Prescal Consultoría Integral SL, Educanet SL, y fundamentalmente con Itisa Inspección Técnicas Internacionales SL y un conjunto de empresas y asociaciones de la industria aeronáutica: Agrupación de Empresas Aeronáuticas SL -B91456863-, Asociación de Empresas Aeronáuticas -G 91464461-, Agrupación de Ingenierías Aeronáuticas SL -B 913774603-. En casi todas ellas, desde hace dos años, Ojeda Avilés, tras las primeras denuncias e investigaciones, ha venido retirándose de sus funciones de administrador como puede comprobarse en el desarrollo histórico de las sociedades que se deduce de su inscripción en el Registro Mercantil. Junto a él, suele aparecer su hija Vanessa.

En el área de las subvenciones, las empresas vinculadas a Ojeda son fundamentalmente: Asociación de Entidades de Servicios de Innovación y Telemáticos de Andalucía, H.A.S.A. Asistencial SL -hoy H.A.S.A. Sevilla Asistencial SL y Huelva Asistencial SL-, y en el muy lucrativo negocio de la "prevención de riesgos laborales" que realiza a través de Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad SL, Prescal. En el área de las entidades "sin ánimo de lucro", creó en 2007 la Fundación para el Desarrollo y la Integración de Inmigrantes -G72051253-.

Simultáneamente, en esas fechas, se había producido el conflicto de Delphi. En aquel momento Ojeda Avilés entró de lleno en el negocio de la subvención, constituyendo el 1/1/2009 tres entidades que serán las futuras receptoras de varios millones de euros en subvenciones para la Formación y el Empleo. Las tres sociedades fueron:

  • Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas -G 91761791-, constituida el 1/1/2009, domicilio c/Ebro,2, Sevilla, y que por Resolución de 30/1/2009, es decir, el mismo mes de su creación, y quizás sin estar aun inscrita y por supuesto, sin alta en SS, se le concede la primera subvención de 642.390€. Esto ya sería suficiente para intuir una cierta irregularidad. Desde luego, el criterio de la experiencia en formación -valorable para obtener la subvención- tampoco lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria.

  • Asociación para la Sociedad de la Información – INNOVA – G91794354, constituida el 1/1/2009, domicilio c/Ebro 2-Sevilla, actividad 8532, dedicada a educación secundaria técnica y profesional.

  • Asociación de Apoyo al Medioambiente - Natura, G 91761734, constituida 1/1/2009, , domicilio en C/Ebro,2 Sevilla, dedicada a educación en general.

Como se ve, todas ellas con el mismo domicilio.

El caso Muñoz Zamora

Otro caso significativo es el de las empresas de la familia de Benjamín Muñoz Zamora, socio de Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz y de Javier Pérez Royo, asesor aúlico de Manuel Chaves y columnista de El País. estas empresas recibieron varios millones de euros destinados a la formación si bien fueron denunciadas ante la Fiscalía de Sevilla, que aún no se sabe si ha investigado el caso, hace ya casi un año pro no cumplir los requisitos para percibir tales subvenciones. El pasado 21 de junio de 2013, un antiguo socio interpuso en la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra diferentes empresas controladas por la familia de Benjamín Muñoz Zamora por incumplir los requisitos necesarios para percibir subvenciones de formación para el empleo, subvenciones que, sin embargo, les fueron concedidas generosamente. En esta primera denuncia se refirió a la empresa Serprosa. Luego hubo varias más relacionadas con otras empresas de la familia.

Antonio Muñoz López es padre de los apoderados Benjamín Muñoz Zamora y María Concepción Muñoz Zamora y es administrador único de Serprosa, que se nutre exclusivamente de ingresos provenientes en forma de subvenciones de la Junta de Andalucía y que tiene su domicilio social no en Andalucía, sino en Madrid, calle Francisco de Rojas, 9.

Sorprendentemente mantiene numerosas incidencias de impago frente a la Seguridad Social, Hacienda y otros organismos públicos y no deposita sus cuentas en el Registro Mercantil. Tampoco parece real su capital social de 121.164,04 euros por cuanto no pagaba sus deudas a la Seguridad Social, Hacienda, Diputación, etc.

El caso Sivianes

Es un llamativo caso de recepción multimillonaria de subvenciones a la formación. El conjunto de empresas formadas por José Sivianes Sánchez en Sevilla, empresas en las que participa su familia y además, Juan Luis Ferrer Rodríguez, militante socialista residente en la localidad onubense de Moguer, que fue candidato en las listas del PSOE de las elecciones municipales de 2007 y que, posteriormente, fue colocado a dedo por el actual alcalde socialista de la localidad, recibió más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.

Tiene el domicilio de la actividad en c/ Zaragoza de Sevilla donde aparecen domiciliadas otras sociedades relacionadas con la formación y que reciben tambièn subvenciones. Curiosamente, José Sivianes como persona física tiene sólo dos administrativos y con esta infraestructura laboral , recibió 2.324.990 €, por Resolución de 31-1-2011 . Debería haber cumplido los requisitos de la convocatoria de fecha 14/7/2010: tener personal docente, estar registrado como entidad de Formación Profesional para el Empleo, tener autorización expresa para la coexistencia de dos entidades beneficiarias de subvención en el mismo domicilio, memoria del proyecto, experiencia anterior, etc.

La empresa Formación Integral para el Empleo, CIF B 91165258, con actividad desde 2002 es propiedad de Ana María Rodríguez, cónyuge de Sivianes Sanchez, y socia con él en la empresa Sivianes Rodríguez SL B-91600403 ( C/ Zaragoza nº 33). En la misma resolución que la anterior recibió 2.211.237 €. Curiosamente se dio de alta en su actividad el 31/8/2010 y la Resolución de convocatoria era de fecha 14/7/2010 y se publicó en el BOJA de 27/7/2010. O sea, que la empresa estaba "inactiva" esperando, al parecer, la subvención. Durante la mayor parte del tiempo sólo ha dispuesto de una trabajador administrativo sin rastro alguno de profesores.

El estallido de la Operación Edu

Es la última en el tiempo y la que parece haber provocado las iras de la presidenta Susana Díaz, aunque, como estamos comprobando, los escándalos y sospechas sobre el mal uso de la formación son muy anteriores incluso a la llegada del PP a la presidencia del gobierno.

La Policía y la Seguridad Social habían abierto una investigación a más de 200 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el fraude en un expediente concreto de unos 3 millones de euros. La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga ya este fraude.

En España

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