El proceso separatista catalán se lleva a cabo con especial intensidad en plano local, en los ayuntamientos gobernados por regidores soberanistas que participan en la Associación de Municipis Independentistes (AMI), presidida por el alcalde de Vic, el exdemocristiano Josep Maria Vila d'Abadal, ceden infraestructuras y otorgan toda clase de facilidades para los actos y campañas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y participan o promueven en toda clase de campañas nacionalistas, desde arriar las banderas españolas a declararse insumisos fiscales.
En las últimas horas ha trascendido que casi trescientos de los algo más de novecientos municipios catalanes (947) están a favor de la consulta y se han comprometido a colaborar con el ejecutivo autonómico para celebrarla. En concreto son 310 ayuntamientos, que incluyen el de Barcelona, y que han contestado afirmativamente a la carta de la vicepresidenta de la Generalidad y dirigente de Unió Democràtica, Joana Ortega, enviada hace un mes para anunciar la celebración del referéndum del 9-N. Veintinún municipios más han expresado dudas legales mientras que siete se han negado en redondo a colaborar. Son los municipios barceloneses de Cornellà, Barberà, Sabadell, Pineda, Malgrat de Mar y Borredà, todos ellos con alcalde del PSC, y el leridano Benavent de Segrià, del PP, según datos del departamento que dirige Ortega. Barcelona y Gerona, con alcaldes convergentes, respondieron a la carta en sentido afirmativo, mientras que Tarragona (PSC) y Lérida (PSC) aún no han contestado. En el caso de Lérida, su alcalde, Àngel Ros, es un firme partidario de la consulta, mientras que el primer edil de Tarragona, el también socialista José Félix Ballesteros, evita pronunciarse sobre la cuestión. Tampoco ha respondido de momento Badalona, cuya alcaldía ostenta el popular Xavier García Albiol.
En este contexto cobra especial relevancia la batalla legal que lleva a cabo la Delegación del Gobierno en Cataluña, empeñada su titular, Llanos de Luna, en que ningún ayuntamiento se salte las leyes. La punta más visible de esta intensa actividad son los ochenta recursos que la Delegación ha interpuesto por contravenir la ley de banderas, pero hay más acciones y actividades impugnadas. Un centenar son alusivas a las declaraciones de insumisión fiscal o las de "territorio libre, independiente y soberano", más de sesenta. En este último asunto, ya hay tres sentencias que dan la razón a la Delegación -Tiana, Caldes de Montbuí y Sant Julià de Vilatorta-, pero algunos también son inadmitidos a trámite porque el juez considera que se trata de una mera declaración sin efectos jurídicos.
En el caso del pago de cuotas a la AMI, hay treinta y cinco denuncias pero todavía no se ha producido ningún fallo judicial. No obstante y dada la jurisprudencia en el País Vasco, la Delegación entiende que son casos ganados. El efecto más inmediato ha sido que ante las denuncias, el propio alcalde de Vic ha decido cancelar los despachos municipales de la AMI.
Esta guerra sorda en los tribunales ante la agitación municipalista es la única actuación gubernamental que ha tenido efectos prácticos en relación al reto de Mas, Junqueras, la AMI y la ANC, hasta el punto de haber convertido a Llanos de Luna en el objetivo de todas las descalificaciones en la prensa soberanista y ser distinguida como persona non grata en muchos de los ayuntamientos reconvenidos por los tribunales. Aunque más allá de las cuestiones identitarias o simbólicas, la Delegación está especialmente atenta al control de los presupuestos municipales en el capítulo I, de gastos de personal, ya que por la Ley de Estabilidad Presupuestaria no puede haber incrementos presupuestarios en materia de personal salvo justificación y en determinados sectores.