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Oriol Pujol dice que la trama de las ITV usó su nombre para beneficiarse

El líder nacionalista ha declarado ante el juez que investiga si cobró comisiones de la trama de las ITV.

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El diputado de CDC Oriol Pujol ha negado este miércoles ante el juez que cobrara sobornos de la trama de las ITV para influir en la ley de seguridad industrial y ha apuntado a que los imputados pudieron utilizar su nombre sin su conocimiento para beneficiarse.

Pujol ha declarado hoy durante cerca de una hora como imputado por un delito de cohecho ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye el caso ITV, quien investiga si el diputado cobró comisiones de la presunta trama corrupta para votar a favor de sus intereses en la ley de seguridad industrial que se tramitaba en el Parlamento autonómico.

"Ni yo ni nadie de CiU ha pedido nunca dinero, ni directa ni indirectamente, para determinar nuestro voto ni para introducir enmiendas en beneficio de ninguna empresa", ha afirmado tajantemente Oriol Pujol a la prensa tras su comparecencia en el TSJC, donde el pasado año ya estuvo durante 11 horas declarando ante el juez, en esa ocasión imputado por tráfico de influencias en el caso ITV.

El diputado, que entonces delegó sus cargos de secretario general de CDC a raíz de su imputación, ha negado al juez que conociera al empresario de las ITV Ricard Puignou, que según la Fiscalía le pagó comisiones mediante su amigo íntimo Sergi Alsina y a través de una sociedad de su esposa para que su grupo presentara enmiendas a la ley que beneficiaran a los intereses de la trama.

Según fuentes judiciales, Pujol ha afirmado al magistrado que le causó "sorpresa" enterarse por el sumario del caso ITV de los múltiples correos electrónicos que intercambiaron los imputados en la trama, con repetidas alusiones a alguien llamado "OP".

En ese sentido, ha admitido que tal vez los imputados pudieron utilizar su nombre ante terceros, sin su conocimiento, para obtener beneficios particulares, según las mismas fuentes.

Preguntado por la prensa sobre esta cuestión, el político se ha limitado a afirmar que no ha pedido explicaciones al resto de imputados y testigos del caso por las posibles alusiones a sus iniciales -"en correos de terceras personas", ha subrayado- y ha añadido que en todo caso serán ellos quien deberán justificarlo ante el juez.

El diputado ha negado ante los periodistas cualquier relación entre la enmienda que CiU, que en 2008 estaba en la oposición, presentó para establecer un límite del 35% de la cuota de mercado para los operadores de las ITV y los intereses del empresario Ricard Puignou, que según la Fiscalía estaba interesado en que ese porcentaje máximo fuera del 40%.

Según Oriol Pujol, el propio gobierno tripartito apostaba por el límite del 40% y si CiU presentó una enmienda para defender la cuota del 35% es porque éste era el modelo de ITV que interesaba al partido, acorde con lo que apoyaban los operadores y colegios profesionales y similar al de la legislación española, que marca un límite de un 30%.

Pujol ha dicho al juez que no recordaba si fue él o alguien de su partido el que, un día antes de la votación de las enmiendas a la ley de seguridad industrial, se las envió al empresario y amigo suyo Sergi Alsina, quien hoy mismo ha reconocido que, a su vez, se las remitió a Puignou, según fuentes judiciales.

El diputado ha añadido ante el magistrado que no le extrañó que Alsina le pidiera esas enmiendas porque era un empresario interesado en el sector de ITV que en el pasado había estado muy vinculado a la empresa Applus, y ha mantenido que es habitual que su partido facilite copia de ese tipo de iniciativas parlamentarias a todo el sector que esté interesado en ellas y las solicite.

Igual que hiciera ayer su esposa, Anna Vidal, Pujol ha afirmado que los pagos de 46.400 euros que ésta recibió del empresario Sergi Alsina obedecían a sus servicios prestados como consultora por dos operaciones de compra y venta de empresas.

Asimismo, y sin concretar a qué atribuía esta situación, Pujol también ha asegurado que no le parece "casual" que se esté alargando el proceso judicial del caso de las ITV, que pensaba que se cerraría pronto, ni la forma en la que la policía judicial administra la entrega de información al juez -que le ha imputado por cohecho-, ya que los investigadores disponían de ella desde hace dos años y dos meses.

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