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La Audiencia respalda a Alaya y mantiene la imputación a Álvarez

La Audiencia apoya casi sin fisuras la investigación de Alaya, que cuestiona la actuación de la Junta durante una década.

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La Audiencia de Sevilla ha marcado un punto de inflexión en el caso ERE al sumarse a las críticas hacia el sistema que la Junta de Andalucía instauró para pagar el fondo dotado con 721 millones. Los jueces inclinaron la balanza hacia la juez Mercedes Alaya, y apoyaron sus tesis sobre que el Gobierno andaluz diseñó un sistema para propiciar y perpetuar el fraude durante una década (2001-2010), apoyando la imputación de Magdalena Álvarez.

Tras esta imputación, parece segura la destitución de Álvarez de la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, que ya ha sido activada, y la imputación de todos los demás altos cargos de la Junta, incluídos la de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El País destaca que la actitud de la Audiencia supone un paso decisivo en la instrucción, ya que apoya sin apenas fisuras la investigación de Alaya, que cuestiona la actuación de la Junta de Andalucía durante una década. El Mundo subraya que en el auto de la Audiencia se califica a Álvarez, implicada ahora además en el escándalo de los sobreprecios del AVE, como "una persona íntimamente relacionada" con el caso ERE y contra la que existen "severas sospechas de participación" en los hechos.

Si ya la Intervención General del Estado en su informe a la juez Alaya el informe avaló las tesis de la magistrada para imputar al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y a las exconsejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguado por el caso de los ERE, ahora se da un paso más. Según aquel informe Griñán, como los demás altos cargos, no hizo nada para impedir los falsos ERE. Es más, el peritaje, refrendó la ilegalidad de todo el sistema para el pago de las subvenciones e inciden en la responsabilidad que en todo ello tuvieron los máximos responsables de la Administración autonómica en la materia. Pero sólo se destacaba que ni el expresidente de la junta, ni la exministra de Fomento tomaron "las medidas necesarias para evitar las irregularidades".

Ahora la Audiencia induce a considerar que la instauración de los procedimientos tales como las transferencias de financiación para el pago de subvenciones encubiertas fua algo que innegablemente ha permitido detectar que "el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas" por la Consejería de Empleo. Fue Álvarez la que dio luz verde a la instauración del sistema.

Por si fuera poco, la Audiencia subraya la "solidez" de "fundada sospecha","suficiente para actuar” de la juez Alaya ante la técnica de las transferencias de financiación para abandonar el “procedimiento adecuado”. La Audiencia subraya la “especial gravedad de la presunta malversación” que achaca Alaya a Álvarez, un supuesto delito que prescribe a los 15 años, por lo que aún puede ser perseguible por la justicia. Los jueces sostienen que Alaya ha actuado de forma correcta al imputar a la exministra, en vez de citarla como testigo sobre los hechos investigados.

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