El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad han mostrado a lo largo de toda la semana su incapacidad para hacer frente a las algaradas, los incendios, disturbios, destrozos y saqueos tras el desalojo de un edificio "okupado" desde hacía 17 años en el barrio de Sants. La violencia, lejos de remitir, ha ido en aumento mientras el alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias, trata de "dialogar" con las "entidades cívicas" que ocupaban ilegalmente el edificio, conocido como "Can Vies" y propiedad de la empresa municipal de transportes, y con los promotores de los graves incidentes de las últimas noches.
Los Mossos d'Esquadra han sido incapaces de hacer frente a la violenta reacción de los "okupas", antisistema e independentistas radicales tras el desalojo de un bastión en el que organizaban toda clase de actividades "lúdico-políticas". De este modo, el alcalde ha decido sentarse a negociar con algunos de los ocupantes del inmueble, que, además de una notable impunidad, disfrutaban de servicios como electricidad y agua sin pagar a las compañías y sin que nadie osara cortarles el servicio como se hace con las familias que no pueden abonar el recibo.
Ante la gravedad de la situación, el PP decidió ayer mostrar su apoyo al alcalde y emitió una nota en la que asegura: "Alberto Fernández, presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, respalda al alcalde Trias para acabar con la violencia callejara. En este sentido recuerda -sigue la nota- que los desperfectos ascienden de momento hasta los 155.000 euros en biens públicos, sin contar el coste de los bienes privados. Asimismo, el presidente Popular condena la violencia urbana y expresa su apoyo para que el Ayuntamiento de Barcelona se presente como acusación particular contra los radicales y violentos. Alberto Fernández se muestra favorable al diálogo con vecinos y entidades que no hayan practicado la violencia ni respalden a los radicales".
Los disturbios han coincidido con la dimisión del director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, de tal modo que a día de hoy los agentes de la policía autonómica carecen de directrices, de una estructura de mando completa y de órdenes claras para hacer frente a la violencia que se ha enseñoreado de las noches de Barcelona. El Gobierno de la Generalidad, eso sí, ha mostrado su preocupación ante la repercusión internacional de estos incidentes, que han sido portada en diversos medios de comunicación extranjeros. Las imágenes de una unidad móvil de TV3 y de la excavadora que procedía al derribo de "Can Vies" ponen de manifiesto la incapacidad municipal y autonómica para sofocar una revuelta en la que participan diversos grupos, desde antisistema que se consideran ácratas, altermundistas e independentistas. Se ha detectado también la participación de grupos violentos extranjeros y también de proetarras, que han convertido los barrios de Sants y Gràcia en el banco de pruebas de las más diversas formas de "kale borroka".
En la nota del PP se entrecomilla una frase de Alberto Fernández: "Es necesario encontrar una solución pensando en todos aquellos vecinos y comerciantes que han sufrido durante estos días los altercados de los violentos, especialmente en Sants". También ha mostrado su solidaridad con Convergència, cuyas sedes están siendo apedreadas y atacadas en diversos puntos de Cataluña. De este modo y a diferencia de lo que ocurre cuando son las sedes del PP, del PSC, de Ciutadans y de UPyD las atacadas, el dirigente municipal del PP ha expresado su pleno apoyo a Convergència, así como a los Mossos d'Esquadra y a los comerciantes.