La extrema izquierda espera con ansiedad que el Rey se convierta en un ciudadano común para meterle en prisión. Así, al menos, lo cuenta hoy Raúl del Pozo en El Mundo. "IU y Podemos parecen dispuestos a querellarse contra Juan Carlos si éste pierde la invulnerabilidad". Del Pozo explica que ayer en la tertulia de Al rojo vivo se enteró de que "maquinan querellas, aunque Julio Anguita está seguro de que al Rey le han garantizado que por sus actos pasados no puede ser enchironado. Quizá en el futuro el Rey tendrá que tener cuidado de no ir en la moto sin casco, lo cual es esperpéntico".
Tampoco es que IU mantenga sus intenciones en secreto. Ayer, sin ir más lejos, algunos políticos como Alberto Garzón ya proclamaron su intención de llenar los juzgados de demandas contra Juan Carlos. "IU será el primero en plantear querellas por los hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado", dijo.
Sin embargo parece que no va a ser posible. Según fuentes gubernamentales todas las incógnitas que deja abierta la Ley Orgánica aprobada este martes en Consejo de Ministros extraordinario se resolverán mediante un real decreto que prepara el Ejecutivo. Así, aspectos como el tratamiento que recibirá el Rey cuando se haga efectiva la abdicación, la pérdida de la inmunidad de la que gozaba en el trono o las funciones representativas que pueda seguir ejerciendo se plasmaran en la citada norma.
Precisamente la inviolabilidad otorgada por la Constitución al Rey de España es una de las incógnitas que más polémica ha levantado. Al comprobar que la Ley Orgánica aprobada en Consejo de Ministros no hacía mención alguna a la inviolabilidad del monarca, se daba por hecho este martes que ésta cesaría en la figura del Rey Juan Carlos en cuanto el BOE recogiese la citada Ley.
La inviolabilidad
Fuentes del Ejecutivo han explicado que don Juan Carlos seguirá siendo inviolable por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y corresponderá a las Cortes regular su condición ante la Justicia una vez que se haga efectiva su abdicación.
La Constitución establece en su artículo 56.3 que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" y añade (art.64) que "de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden", es decir, el presidente del Gobierno y, en su caso, los ministros competentes, salvo en el nombramiento del jefe del Ejecutivo que es refrendado por el presidente del Congreso.
Expertos consultados por Libertad Digital insisten en que la inviolabilidad o "inmunidad" de que goza el Monarca abarca todos y cada uno de los días y de las acciones llevadas a cabo durante el reinado. Es decir, que según estos expertos, la Justicia no podrá procesar a Juan Carlos por actos cometidos durante sus 39 años de reinado. Así lo destacó el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, Rafael Murillo.
Así las cosas, fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy han reconocido que existe un vacío legal sobre cómo se regulará su condición ante la Justicia respecto de actos futuros. Esta cuestión podría ser regulada en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno no ha enviado aún al Congreso y que contemplaba el aforamiento de la Reina y los Príncipes de Asturias. En todo caso, será una decisión que adopten las Cortes Generales, afirma el Ejecutivo.