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Alaya acusa al exconcejal del PP Ramón Polo de conseguir un ERE ilegal por Juan Lanzas

La Fiscalía Anticorrupción pidió que se fije para el imputado una fianza cuando se haya determinado la cantidad exacta percibida.

La juez Mercedes Alaya acusa a Ramón Polo Bernardo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén), de haber sido incluido en el ERE de una empresa donde solo trabajó seis meses y haberlo hecho por mediación del "conseguidor" Juan Lanzas.

Polo compareció ante la juez el pasado día 16 e intentó hacer valer dos sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declararon nula la reclamación que le hizo la Junta de las cantidades percibidas por el ERE de Gres de Vilches, pero Alaya le respondió que dichas resoluciones únicamente ponen de manifiesto que la reclamación debió hacerse a la empresa y no al beneficiario.

La juez manifestó que tales sentencias "no niegan en ningún momento que dichas pólizas hayan sido abonadas con dinero de la Junta de Andalucía", según el acta de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Efe.

Alaya imputó a Polo, que había sido diputado provincial y concejal del PP en La Carolina (Jaén), haber conseguido gracias a su relación con Lanzas ser incluido en la póliza de Gres de Vilches junto a Manuel Morales Larrubia, ex secretario general de MCA-UGT en Jaén. Ello pese a que Polo "no había hecho trabajos efectivos" para Gres de Vilches y solo estuvo dado de alta en la empresa seis meses, entre abril y octubre de 2007. Según Alaya, en las actuaciones figura un documento que atribuye a la Junta de Andalucía un pago por dicho ERE para ambos trabajadores de 262.733 euros.

Polo, sin embargo, declaró a la juez que solo cobró 31.000 euros aproximadamente y que entró en Gres de Vilches para "organizar la logística de la empresa" y trabajó en dicho departamento y en el de distribución de la mercancía, aunque no tenía una ubicación con mesa de trabajo determinada porque "iba periódicamente" por la compañía. También declaró que no conserva tarjetas de visita ni correo electrónico de los clientes o suyo propio en la empresa.

La Fiscalía Anticorrupción pidió que se fije para el imputado una fianza cuando se haya determinado la cantidad exacta percibida.

Las sentencias del TSJA declararon que la ayuda sociolaboral a Gres de Vilches fue "nula de pleno derecho" pues se hizo sin procedimiento alguno y "ni siquiera se dictó el acto administrativo de otorgamiento". Al faltar dicho acto, tampoco se puede dictar la resolución de reclamación de las cantidades al interesado sino que debería hacerse a Gres de Vilches como tomadora del seguro y como "favorecida con el pago irregular de las pólizas". El TSJA recogió en su sentencia que Polo "solo estuvo contratado por Gres de Vilches entre abril y octubre de 2007, siendo el ERE de esta empresa de 4 de mayo de 2010".

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