La sentencia de la Audiencia Nacional no sólo justifica el violento asalto al parlamento catalán como una defensa de la Constitución, sino que no duda en atacar a los "medios privados" de comunicación a quienes atribuye el secuestro de la voz de determinados sectores. Dicen los magistrados de la Audiencia en su escrito que:
"Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales".
Es curioso que se trate de un argumento idéntico al que han empleado tiranos totalitarios como Hugo Chávez primero y Maduro después para decretar el cierre de medios de comunicación privados en Venezuela. De ellos dijeron que mentían y que no representaban los intereses del pueblo venezolano.
Es más, la sentencia termina pidiendo que se juzgue a los acusados como personas que "ejercían un derecho fundamental", ya que en caso contrario "se enviaría un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes y del ejercicio de la crítica política".
En cualquier caso, Marlaska, en su voto particular destaca que "los acusados se pusieron de acuerdo para acometer física y verbalmente a distintos diputados" y que "la finalidad de ese acontecimiento no era otro que el de impedir que acudieran al Pleno".