La Operación EDU que investiga las irregularidades de los cursos de formación subvencionados por la Junta y destinados a parados se extiende ya a las ocho provincias andaluzas y a ocho juzgados. Al juzgado de instrucción 8 de Málaga, que empezó la investigación a instancias de la UDEF y la Fiscalía, le siguieron el juzgado de instrucción 4 de Almería, el 16 de Sevilla, el 8 de Córdoba; el 5 de Huelva, el 1 de Granada; el 3 de Cádiz; y otro también de instrucción de Jaén, mencionado por El Mundo.
La magnitud del caso pone en evidencia, de nuevo, a Susana Díaz y su gobierno. La existencia de un fraude masivo en la formación a parados fue negada por una Junta de Andalucía que dice de sí misma ser víctima de estos fraudes pese a su falta de control y las evidentes conexiones de algunos detenidos con la Junta y con el PSOE.
La Junta, además, habló de un supuesto "montaje" del gobierno Rajoy contra Susana Díaz y la Junta y pretendió limitar el escándalo a Málaga.Incluso el consejero de Educación, Luciano Alonso, acusó al Gobierno Rajoy de abrir una "causa general contra Andalucía".
Hasta el momento, la operación arroja la cifra de 42 empresarios detenidos vinculados al sector de la formación y eso que se está en la primera fase del caso Edu Treinta y ocho de los arrestados lo fueron en la provincia de Málaga( Málaga , Coín, Vélez-Málaga, Ronda, Torremolinos, Alhaurín el Grande). Los cuatro restantes fueron en Granada –dos en Guadix y otros dos en Albolote-.
Se espera que en las fases siguientes de la investigación la lista de arrestados se amplíe y se extienda al resto de provincias andaluzas, porque ya en cada una de ellas se analiza al menos un expediente sospechoso.
Todos los acusados permanecen en libertad con cargos tras declarar ante los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Ninguno de ellos pasó a disposición del juzgado Instructor número 8 de Málaga, que instruye la causa, para evitar una saturación y se ha optado porque sea la autoridad judicial es que vaya llamando a los acusados de forma escalonada.
Los supuestos delitos que se investigan son prevaricación, tráfico de influencias, estafa, fraude y falsedad documental.
Según ABC, la primera fase del caso se ha centrado exclusivamente en el entramado empresarial que se ha beneficiado de la "falta de control" de la Administración autonómica, ya que ha sido relativamente fácil constatar que se ha producido un supuesto ilícito penal, pues la mayoría de los centros incumplieron o cometieron irregularidades a la hora de cumplir su compromiso de contratar a los desempleados tras el curso.
Casi dos centenares de alumnos han declarado ya ante la UDEF y parece que han confirmado las supuestas irregularidades de los empresarios detenidos. Uno de ellos relató que lo intentaron obligar a trasladarse a Melilla para cumplir parte de su periodo de contratación por un sueldo de 400 euros. Otro, cuando se quejó por los incumplimientos, fue amenazado: "Si quiero, no vuelves a trabajar en Málaga". Otro más, que hizo un curso de auxiliar administrativo, acabó limpiando naves industriales.
La Policía cree en la existencia una auténtica tela de araña delictiva donde las empresas habrían empleado a testaferros para "ocultar el verdadero titular de las mismas" e incluso llama la atención la presencia de asociaciones sin ánimo de lucro que sólo perseguían beneficiarse de estas ayudas.