Según revela este lunes La Razón, tan sólo 599 catalanes residentes en el extranjero han pedido votar el próximo 9 de noviembre. Pese a la campaña de propaganda en el exterior que esta realizando la Generalidad, no se ha podido movilizar ni a un 1% de los 211.000 catalanes que viven fuera de España.
Tras la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas, el Gobierno catalán no cesa en sus aspiraciones separatistas. Durante los últimos meses, las campañas para favorecer la votación el 9 de noviembre han continuado. Omnium Cultural lanzó su campaña "votar es normal en un país normal", la Asamblea Nacional Catalana continúa con su actividad en el territorio y, ambas entidades, han impulsado "celebraciones castelleras" en diferentes ciudades europeas.
Pero estas iniciativas parecen estar funcionando mejor de puertas adentro que de puertas afuera. Como revela este diario, hace unos meses, un decreto desempolvaba la posibilidad de que la Generalidad realizara un censo de los catalanes residentes en el extranjero. El decreto se blindó ante un posible recurso del Constitucional evitando citar su uso para la consulta. Podían sumarse a este censo todos los catalanes que vivan fuera de España cuya última residencia fuera en un municipio catalán. También podían registrarse sus descendientes siempre y cuando mantuvieran la nacionalidad española. El Gobierno catalán calculó que el colectivo potencial podría alcanzar los 211.000 catalanes. Para facilitar el proceso, en el mes de abril, el registro en el censo podía hacerse de forma telemática, sin desplazamientos.
Para el 10 de julio, última fecha de la que el Ejecutivo catalán tiene datos, se habían registrado sólo 599 personas. Un auténtico fiasco que hace que cunda la preocupación en el ejecutivo catalán.
Por si fuera poco, todo esto no es lo único que no funciona precisamente bien. El Gobierno catalán se ha devanado los sesos para conseguir tener un censo que permita afrontar la consulta con unas mínimas normas democráticas y no ser el hazmerreír del conjunto de la comunidad internacional.
Para ello, lo está intentando todo. La Justicia ha impedido que se utilicen los datos sanitarios de los ciudadanos y tampoco los ayuntamientos podrán ceder el padrón. Un juez rechazó esta posibilidad ante la denuncia de un vecino de la población de Cabrils porque, según la sentencia, el marco legal actual no permite esta cesión de datos "para la realización de una consulta que tenga por objeto una previsible convocatoria de autodeterminación en el ámbito de Cataluña que se realice con los datos censales".
Si el censo va mal no va mejor que la cesión de datos fiscales de los ciudadanos en la Agencia Tributaria Catalana. De tres millones de contribuyentes apenas dos centenares han depositado su declaración en esta "fundamental estructura de Estado".