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Los diputados catalanes se van de vacaciones sin haber cerrado la "ley" para la consulta del 9-N

El caso Pujol y las dilaciones parlamentarias complican el calendario de Mas, minan su credibilidad y debilitan aún más a CiU.

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La celebración de la consulta separatista el 9-N es el compromiso de Artur Mas, la idea que repite obsesivamente en cada discurso, comparecencia o rueda de prensa. Es su promesa y la cumplirá, sostiene. Pero la "ley de consultas" autonómica que debería servir de remedo de amparo legal para la convocatoria "fantasma" vaga en el limbo parlamentario y del Consejo de Garantías Estatutarias, organismo de la Generalidad que debe velar por la constitucionalidad de un texto que aún no está cerrado.

Salvo los diputados de CiU, los restantes componentes del bloque soberanista no muestran ninguna prisa. En público sostienen que a falta del preceptivo dictamen, la ley estará aprobada a finales de septiembre. Algunas comisiones del parlamento regional tienen previstas sesiones para el 2 y 3 (en la primera habría de comparecer el ex president Jordi Pujol) pero la reanudación de la actividad plenaria está programada para el 16 de septiembre, con el debate de política general. Hay tiempo de sobra para que el presidente de la Generalidad tenga a mano una ley de consultas, dicen en Convergència. Además, tanto ERC como CDC admiten que el más que previsible recurso del Gobierno en el Constitucional impedirá a Mas convocar una consulta legal o su convocatoria carecerá de efectos prácticos.

Sea como fuere, ERC y Unió huyen de la compañía de Mas. Los primeros señalan que no se dan las condiciones adecuadas para apoyar al president ni mucho menos para entrar en el gobierno, posibilidad abortada por La Confesión de Pujol. Los segundos, que cuando Mas convoque el referéndum ya dirán ellos si están a favor o en contra del estado propio.

La situación de Convergència es, por otra parte, desesperada. Se admite que las investigaciones judciales en torno al clan Pujol salpicarán a los principales dirigentes del partido, que la presión sobre Mas será máxima y que las siglas CiU están fundidas como marca electoral. El futuro sólo se presenta positivo para el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque empieza a cundir la impresión de que el caso Pujol podría tener un efecto lastre sobre el proceso y desincentivar a ciudadanos convencidos hasta el pasado día de Santiago de que era España la que les robaba.

Entre tanto, Mas urge a sus parlamentarios para que además de la ley de consultas (que permitiría votar a los menores de 16 años y a los extranjeros con tres años de residencia), cierren la ley electoral (Cataluña es la única comunidad autónoma que no dispone de dicha ley y depende de las directrices estatales) y de paso aprueben una ley de transparencia. Sí, en Cataluña, se prepara una "ley de transparencia" y parece ser que en ese caso los trabajos van a buen ritmo.

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