La exposición razonada de Mercedes Alaya ante el Supremo fue acogida, según sus protagonistas, con "alivio". Pero dicho alivio ha durado lo que ha tardado en filtrarse el demoledor contenido del escrito. Entre otras cosas, Mercedes Alaya cifra en 855 millones de euros el fraude y califica la trama "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico".
La juez también afirma que "esta subversión normativa y procedimental" determinó, en gran parte de los casos, que las ayudas terminaran "en manos de personas y empresas próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz".
Para justificar su petición de imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Manuel Recio, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, Alaya hace una detallada descripción del entramado de los ERE. Destacan los siguientes puntos:
- Las ayudas de la dirección general de Trabajo se aplicaron mediante una partida presupuestaria "claramente inadecuada" como eran las transferencias de financiación, destinada en origen a "equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias" de las agencias IFA e IDEA, que pagaron los fondos.
- Se permitió de "manera intencionada" una serie de irregularidades como eludir el procedimiento legalmente previsto para el otorgamiento de subvenciones y evitar los controles de la Intervención de la Junta.
- Existía "una clara y palmaria discrecionalidad en el uso de los fondos públicos", pues las subvenciones se concedían "sin solicitud, sin documentación justificativa" y además por un órgano "manifiestamente incompetente".
- "Se producía una auténtica subversión del ordenamiento jurídico", pues "amén de las normas reguladoras de las subvenciones, se infringieron preceptos tan elementales como la Constitución y el Estatuto de Autonomía".
- Además, se tejió un "selecto círculo de influencias que iban desde los sindicatos, agencias o mediadores de seguros y despachos de abogados, que tenían importantes beneficios económicos por su gestión".
- Sobre las ayudas a familiares y amigos de altos cargos y mediadores imputados, dice la juez que se basaron solo en "las relaciones personales, al margen de cualquier criterio legal o igualitario, por ser los beneficiarios amigos, parientes, compañeros de partido o sindicato, cargos políticos o incluso por ser conocidos del mismo pueblo".
- El proceso "necesariamente implicaba una coordinación a tres niveles: Consejería de Empleo, IFA e IDEA y Consejería de Economía y Hacienda".
- Sobre los ex presidentes, dice Alaya que era necesaria "una amplia coordinación para la indebida inclusión de las transferencias de financiación en el proceso de elaboración de los presupuestos" y al presidente de la Junta le corresponde "asegurar la coordinación entre las distintas consejerías y fijar las directrices generales de la acción de gobierno".
- Añade que al elaborarse los presupuestos "es difícil pensar" que en el grupo de trabajo y en la comisión delegada no obtuvieran sus integrantes una imagen "fiel y exacta" del contenido del programa 31L con el que se otorgaban las ayudas y del hecho de que las subvenciones se concedían "sin fiscalización previa, creando un déficit presupuestario con importante menoscabo de fondos públicos y sin cobertura presupuestaria".
Indignación en el PSOE
La publicación de frases como éstas, que resumen los indicios de la juez para actuar contra los aforados y describen el caso como un entramado que implicaba a cargos de la Junta al más alto nivel, ha irritado en el PSOE andaluz después de que Manuel Chaves y José Antonio Griñán trataran de aparentar tranquilidad y alivio y proclamaran su intención de declarar de forma voluntaria.
Fuentes próximas a los aforados, citadas por Efe y Europa Press, afirman que están dispuestos a llevar al CGPJ la filtración para que se investigue su "origen". El motivo, que según ellos se está produciendo una "nueva situación de indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad".
Señalan a Alaya
Se declaran "preocupados" por la publicación de la exposición razonada que "no ha sido notificada a las partes" y supone, a su juicio, "un daño irreparable a las personas concernidas y no informadas".
Están convencidos, dicen, de que las filtraciones "no proceden del Tribunal Supremo, ni pueden venir de las partes, la Fiscalía o los aforados, porque ha sido la propia jueza de instrucción la que ha tomado la decisión de no notificarles la exposición razonada en la que, al parecer, se les atribuyen determinados indicios". Vuelven a señalar, por tanto, a Alaya, que ya fue víctima este jueves de furibundas críticas de Manuel Chaves.