El banco andorrano Andbank, una de las entidades donde, según la confesión de Jordi Pujol, ocultó parte de su fortuna durante 34 años, habría instado al clan a retirar sus fondos en 2010, según informa este domingo El Periódico de Cataluña.
Según el diario, la entidad hizo esta petición después de que el Gobierno andorrano firmase ese mismo año el primer acuerdo de intercambio de información fiscal con España, ya que hasta entonces los bancos del Principado no estaban obligados a facilitar información sobre sus clientes.
El periódico, que cita fuentes conocedoras del circuito del dinero de los Pujol en Andorra, afirma que los propietarios de Andbank sabían los orígenes de los fondos de la familia del ex líder de Convergencia y "tuvieron muy claro que les podrían generar problemas tener dinero de la política".
En concreto, más que un temor a posibles responsabilidades penales, la propiedad del banco quería evitar un daño a la reputación de la entidad si alguna vez se llegara a conocer la existencia de ese dinero, como finalmente ha acabado ocurriendo.
El Gobierno no pidió los datos
El Periódico de Cataluña también informa de que "España no pidió a Andorra los datos bancarios de la familia Pujol" y que el protocolo de 2010 de intercambio de información fiscal no se ha activado. Además, se apunta que "los Pujol podrían irse 'de rositas' de todo lo defraudado", ya que habrían recibido una "excelente asesoría".
Asegura el diario barcelonés: "En la vía administrativa, una interpretación de la ley antifraude fiscal, de 2012, podría llevar a argumentar que la declaración voluntaria de las cantidades defraudadas en el pasado exime de la sanción administrativa máxima del 150% sobre la cuota defrauda. Además, quien se acoge a la amnistía fiscal quedaría libre no solo de delito fiscal sino de cualquier investigación sobre el origen de los fondos defraudados".
Miedo en la banca andorrana
La nueva información sobre la relación entre la banca andorrana y los Pujol llega después de que la familia se querellara contra dos entidades por vulneración del secreto bancario, en un intento de detener el proceso judicial en marcha tras la confesión de Jordi Pujol.
El terremoto del escándalo Pujol ha tenido también consecuencias en el sector financiero andorrano, donde temen una fuga de capitales tras lo ocurrido.