Los miembros del Consejo político de UPyD que se reunirán este sábado en el Hotel Colón de Madrid tienen ya en sus manos el documento aprobado por el Consejo de Dirección sobre los posibles pactos con otros partidos. El texto, de cuatro folios, establece como principio genérico que la formación magenta "podrá suscribir alianzas con otros partidos siempre que tengan como objetivo explícito la regeneración democrática de España o la integración europea, demostrada por un modo de practicar la política, por la calidad democrática del propio partido, y por el genuino compromiso con un programa efectivo de reformas constitucionales y de las instituciones políticas españolas y europeas".
A continuación, el documento que van a debatir los miembros del Consejo político, incluido el eurodiputado Francisco Sosa Wagner que pidió públicamente el acuerdo con Ciudadanos, establece dos clases de criterios para una entente: los de "organización y calidad democrática", apartado A y los "criterios programáticos compartidos", apartado B.
En el primer punto del apartado A estriba la mayor dificultad para el pacto con Ciudadanos o, si se quiere, se trata de la cuña introducida por los más contrarios a ese acuerdo para justificarse. Dice así: "Deberán establecerse [los pactos] únicamente con partidos de ámbito y proyecto político nacional. Se excluyen los partidos con pactos y compromisos de ámbito regional o local, que imponen condiciones restrictivas al desarrollo de la política nacional y europea para proteger intereses o privilegios locales y autonómicos". Todo un torpedo en la línea de flotación de Movimiento Ciudadano, la plataforma que con gran éxito presentó por diversas ciudades españolas Albert Rivera, a la que se sumaron diversas formaciones locales y regionales.
Por lo demás el apartado A, como ya informó Libertad Digital, establece criterios de democracia interna como las primarias y de transparecencia en las cuentas del partido.
El apartado B, que establece los criterios programáticos, es un decálogo en el que se habla de compromisos como la reforma electoral; la defensa de la unidad de España en una Europa federal; la defensa y promoción de la laicidad del Estado; la reforma federalizante de la Constitución; la supresión de los "derechos históricos" y los regímenes fiscales especiales; la recuperación por el Estado central de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia; la garantía de la libre elección de la lengua materna oficial en las comunidades bilingües; la reordenación administrativa basada en suprimir las Diputaciones y fusionar municipios; el rechazo del reparto partidista en los órganos reguladores y en los altos tribunales y, por último, un apartado 10 que dice así: "Lucha activa contra la corrupción mediante medidas legislativas, punitivas y preventivas. Apoyo a la supresión de privilegios de cargos públicos, como el aforamiento; tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos y del enriquecimiento ilícito de cargos públicos; reforzamiento del régimen de incompatibilidades; reforma de las figura del indulto, a fin de evitar la arbitrariedad en su concesión a condenados por corrupción".