El juez José Castro ha dado traslado este miércoles en una providencia a la Audiencia Provincial de Palma de los recursos de apelación interpuestos por la Infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, y los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro, Jaume Matas y otros imputados en el caso Nóos contra la decisión del juez de enviarlos al banquillo de los acusados.
Castro también ha enviado a la Audiencia los recursos los ex altos cargos de la Generalidad Valenciana Jorge Vela, Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado, y la exconsejera de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen. Éste es el paso judicial previsto después de que las partes recurrieran primero en reforma y, posteriormente, en apelación la decisión del instructor de dar por finalizada la instrucción del caso Nóos.
Ahora, será la Sección Segunda de la Audiencia de Palma –compuesta por los magistrados titulares (su presidente, Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Ana Cameselle) y dos de refuerzo (una sustituta y otro de adscripción territorial)– la que tendrá que estimar o rechazar dichas apelaciones.
Según han informado fuentes jurídicas, de momento se desconoce la composición de la sala o salas que estudiará/n las peticiones de la infanta, Urdangarín y el resto de imputados. En cualquier caso las deliberaciones se presumen largas y complejas.
De hecho, la Sección Segunda no tiene plazo legal previsto para pronunciase sobre dichos recursos, dicho de otra forma, los magistrados podrán dedicar las semanas o meses que estimen oportunos para resolverlos.
El recurso de la infanta
De todos los recursos, el que más interés despierta es el de la infanta Cristina a quien el juez José Castro atribuye dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales. Se da la circunstancia que si la Audiencia revoca su imputación por blanqueo, al no acusar la Abogacía del Estado a la hermana del Rey de delito fiscal Cristina de Borbón podría librarse de sentarse en el banquillo gracias a la denominada 'doctrina Botín'. De momento la última palabra la tendrá un tribunal compuesto por tres jueces cuyas deliberaciones se presumen largas.
La razón es que en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado directo sería el Estado, representado en el caso Nóos por la Abogacía del Estado. En la causa que instruye Castro se da la circunstancia, además, que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía se han opuesto siempre a que se le imputen esos dos delitos fiscales.
Con la denominada 'doctrina Botín' el Tribunal Supremo libró del banquillo al presidente del banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito al no abrir juicio oral contra él porque estableció que no se podía ir a juicio si sólo lo solicitaban las acusaciones populares y se oponían la Fiscalía y los perjudicados directos del procedimiento.
En el auto en el que la Audiencia de Palma revocó la primera imputación de la infanta Cristina en mayo de 2013 el tribunal explicó que "ha de tenerse en cuenta que la imputación del juez instructor ha contado con el apoyo de la acusación popular, representación que a lo largo de la causa ha mostrado y manifestado una actitud favorable a instar la imputación de la Infanta Doña Cristina y dicha acusación, atendida la naturaleza de los hechos y delitos investigados (excluyendo tal vez los delitos contra la hacienda pública ya que en este caso existe un perjudicado que es la propia Agencia Tributaria representada en la causa por la Abogacía del Estado), gozaría de legitimación para en su caso llegado el momento ejercer la acción penal contra la Infanta apelante".
Según las fuentes consultadas, el instructor José Castro no dictará el auto de apertura de juicio oral (último paso antes de sentar a los imputados en el banquillo) hasta que la Sección Segunda haya resuelto todos los recursos de apelación.