La Fiscalía afirma que la propuesta de legalizar las viviendas ilegales de Susana Díaz choca de pleno con el Código Penal. Hace ya tiempo que la Fiscalía en Andalucía combate el principio de "construye como quieras, que luego te legalizarán", que ha regido durante dos décadas dado que con tal planteamiento se enriquecían los "piratas" y luego, los costes de la legalización los pagaban y pagarán los contribuyentes cumplidores de las leyes.
El escándalo está servido puesto que el PSOE, durante su etapa de gobierno, ha consentido la edificación de viviendas irregulares en toda Andalucía alentando luego su legalización "electoralista" en los tiempos políticos apropiados. Naturalmente, tal comportamiento ha desatado numerosas críticas incluso en sectores de la izquierda ecologista. Izquierda Unida consideraba que en 2006, tras 24 años de gobiernos socialistas, el número de viviendas ilegales en Andalucía, especialmente en zonas costeras, era de 150.000, 40.000 de ellas en Chiclana, municipio gaditano gobernado por el PSOE desde 1983 a 2007.
El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, trató de salvar los muebles de una propuesta insólita explicando que afectará a la regularización de unas 20.000 viviendas, pero no beneficiará a los políticos implicados en la autorización de las mismas. Sólo afectará a las viviendas construidas en suelo no urbanizable parcelado, edificaciones que con la actual normativa no se pueden regularizar, "lo que supone una discriminación" con las construidas en suelo no urbanizable pero sin parcelar.
El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, pidió un margen de tiempo para ver en qué se concreta la propuesta de la presidenta andaluza recordando que ya en 2011 Griñán dijo que iba a regularizar 11.000 viviendas y que jamás se hizo.
La posición de la Fiscalía de Medio Ambiente
El fiscal coordinador de Medio Ambiente en Sevilla, Javier Rufino, recordó el jueves que el Código Penal y el Tribunal Supremo obligan a la demolición de lo construido en suelo no urbanizable, lo que choca directamente contra la reforma que impulsa Susana Díaz.
El fiscal subrayó el jueves en la cadena SER que no tiene sentido castigar en el Código Penal la construcción ilegal y luego permitir que se mantenga en pie el inmueble por una decisión administrativa. Además, declaró que "el alcance de la reforma no lo sabemos, pero no veo la relación con los procesos penales. Lo que fue delito hace un año, dos o cinco, seguirá su curso y seguirán cumpliéndose las sentencias condenatorias, incluidas las demoliciones".
Ecologistas en Acción puso el dedo en la llaga socialista afirmando que si las viviendas construidas ilegalmente están en un limbo de inseguridad jurídica es porque la situación ha sido creada por la Junta "con su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal y con la especulación y corrupción urbanística.