Tal día como hoy, 26 de septiembre, pero de 2008, Libertad Digital contaba en su portada que Magdalena Álvarez iba a destinar unos 180.000 euros a lavar su imagen. La crisis en el Ministerio de Fomento tras el accidente del avión de Spanair, sumado a las comparecencias de la entonces titular del departamento, provocó que el Gobierno de Zapatero abriera un concurso para contratar una campaña de publicidad por ese montante.
Según el BOE, la subsecretaría del Ministerio de Fomento autorizó un concurso para la "elaboración de un plan estratégico de comunicación (PEC) y asesoramiento de la comunicación durante la elaboración, implantación y seguimiento del PEC". Con esto, Fomento quería revisar sus campañas de comunicación y la visión que tenían los ciudadanos y las empresas de Magdalena Álvarez.
Ese plan no pareció dar sus frutos y la conocida como ‘Maleni’ pasó de ministra a eurodiputada, designada además en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo responsable del informe sobre la nueva directiva de cooperación administrativa en materia fiscal.
Sin haber cumplido un año en su nuevo cargo en Europa, pasó a ser vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, entidad pública dedicada a invertir y prestar en los Veintisiete países. Con este nuevo cargo, su sueldo superaría los 20.000 euros mensuales, cantidad libre de impuestos nacionales y con una retención mucho menor que la que se aplica en nuestro país. A su sueldo habría que añadirle suplementos por residencia, familia y otra serie de dietas. Además, seguía cobrando su pensión como exministra que ascendía a unos 5.000 euros brutos mensuales.
Pero la felicidad de Magdalena Álvarez acabó en octubre de 2013 cuando la juez Alaya le imputó por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la que fuera exconsejera de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía en el periodo en el que se originó el fraude de los ERE. Tras esa imputación, la juez Alaya le impuso una fianza por responsabilidad civil de unos 30 millones de euros como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década.
Tras esta decisión, Magdalena Álvarez trato de lavar su imagen yendo de víctima. Por eso renunció a su puesto en el BEI. Aunque ella dijo que se vio obligada por "los intentos del Gobierno de acabar con ella" y no por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos. La exministra explicó su decisión: "Todo tiene un límite y la maniobra, la manipulación y el acoso y la campaña del PP hace mella en mí, en el banco y en España. Si ellos no son responsables y para quitarme de mi sitio y poner a otra persona están dispuestos a pagar cualquier precio, yo no estoy dispuesta a que mi país lo pague, ni el banco, ni yo misma, no vale la pena".
Tras ese discurso victimista se supo el retiro dorado de la socialista. A partir de que cumpla los 65 años, en febrero de 2017, tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 4,275% de su salario base por cada año trabajado lo que suma unos 4.000 euros al mes, además de la pensión que recibe como exministra. Esto quiere decir que, hasta su jubilación, se embolsaría cada mes cerca de 10.000 euros en concepto de pensión.