El momento clave ha llegado. "No contemplo un escenario distinto de que Mas cumpla la ley. No quiero contemplarlo", afirmó Mariano Rajoy tras presidir el Consejo de Ministros extraordinario. Se acoge a la palabra del líder catalán, que en su última reunión el 30 julio le aseguró que no violaría el marco legal. El Consejo dio el visto bueno a los dos recursos elaborados para hacer frente al desafío separatista; paso necesario para que el Tribunal Constitución ordene la suspensión de la ley de consultas y el referéndum del 9 de noviembre.
El Gobierno augura que Artur Mas seguirá "generando tensión", pero que en el último momento cederá. Pedro Sánchez también es de esta tesis, y así se lo dijo a Rajoy en el despacho discreto que mantuvieron la pasada semana. "No cometerá nada ilegal", coincidieron. Pero, a estas alturas, la tensión es grande pese a que intenta ser disimulada y "todos los escenarios están previstos", como no se cansan de repetir en Moncloa aunque el presidente siga sin entrar en hipótesis.
El Ejecutivo se ciñó al el esquema previsto antes incluso del viaje oficial de Rajoy a China, que le tuvo fuera de España cuando Mas cruzaba de forma definitiva la línea roja. Tras el apoyo unánime del Consejo de Estado, que se daba por descontado, el presidente citó de forma extraordinaria a su gabinete a las diez de la mañana. Previamente, asistió a la jura como nuevo ministro de Justicia de Rafael Catalá en un ambiente de calculada tranquilidad.
La reunión del Consejo de Ministros fue breve –una hora aproximadamente- y se cumplieron con todos los formalismos. Esto es, además de atender la valoración del Consejo de Estado, Rajoy escuchó a sus ministros -faltaron los de Industria y Agricultura-. Al término, Rajoy hizo una declaración institucional y -pese a que no estaba previsto- aceptó preguntas de la prensa. "Mientras sea presidente, la ley se va a respetar en toda su integridad. Que los españoles estén tranquilos. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley", prometió de forma solemne.
Sin entrar en el detalle de los recursos planteados contra la ley de consultas y la convocatoria del referéndum -el Abogado del Estado los presentó en el registro del TC a las 13:00 horas-, Rajoy se afanó en hacer un relato político ante el pulso planteado por Mas. "Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución (…) atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles", recordó el jefe del Ejecutivo.
El presidente quiso acabar con la "demagogia" de Mas, que siempre apela a la democracia y al derecho a votar. "La soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos", puso encima de la mesa. E insistió una y otra vez: "es falso que el derecho a votar se pueda atribuir unilateralmente a una comunidad afectando al resto. Es algo demagógico porque se está privado de ese derecho a quién le corresponde: a todo el pueblo español", explicó.
En otras palabras, "no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país", por lo que "no es admisible, como hacen algunos, contraponer ley y democracia". En este sentido también se mostró muy firme: "sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos. Tampoco hay política".
Reforma de la Constitución
Si a alguien no le gusta una ley, argumentó, se puede intentar cambiar. Pero siempre dentro de los marcos legales. "La ley no es un corsé ni una restricción contra la libertad", añadió. Y de ahí que Rajoy enseñara el camino a Mas: "tiene toda la libertad de plantear una forma de la Constitución", y buscar apoyos para lograr su meta. Y zanjó: "ésa es la manera de hacer las cosas. Lo que no se puede hacer es buscar atajos para violentar la legalidad aunque venga adornado con bonitas palabras".
El presidente no cerró la puerta a reformar la Carta Magna. De hecho, y como ya informó este diario en varias ocasiones, miembros del Gobierno no lo descartan a medio plazo y de la mano del PSOE. Pero, quiso recalcar Rajoy, lo que ahora toca es defender a la Constitución de la agresión: "en este momento, lo prioritario es defender la Constitución. Primero defenderla y después reformarla. Ya hablaremos en el futuro", dijo Rajoy.
Negociación con Mas
Tampoco rechazó el diálogo, pero lo acotó. Negociación sí, pero no bajo la amenaza de una política de hechos consumados. Y reconoció que, hasta la fecha, "no ha habido una opción real" de diálogo ya que "se han tomado decisiones unilaterales" por parte de Mas que, en ningún caso, podía aceptar.
"Quién ha puesto en marcha este proceso es responsable de las graves consecuencias", enfatizó. A día de hoy, Mas "va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes y los aleja de Europa y del resto de España", resumió Rajoy. Por no hablar, continuó, "de la frustración a la que está condenando" a quienes hoy ansían la secesión.
Pese a todo, la mano sigue tendida y de sus palabras se desprende que quiere evitar el choque de trenes. "Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación". Y mostró a Mas una vía de salida: pueden ser estudiadas todas y cada una de las 23 peticiones que le entregó en su cita de julio. "Algunas son razonables y otras más discutibles (…) yo sobre eso estoy dispuesto a hablar", aclaró Rajoy, que inmediatamente después añadió: "de lo que no voy a hablar es de violentar la ley: es lo último que se espera de un país serio".
Los otros escenarios
Rajoy espera, acogiéndose al artículo 161.2 de la Constitución, que el Alto Tribunal suspenda de inmediato tanto la ley de consultas como la convocatoria. Sólo si la Generalidad desoye la decisión, se dilucidarían otras medidas: por ejemplo, la Fiscalía podría presentar una querella contra Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El artículo 155, se expone en privado, otorga al Gobierno tomar las "medidas necesarias" toda vez una comunidad incumple la legalidad o atenta gravemente contra el interés nacional. Aunque se rechaza, al menos de momento, que se esté pensando en la suspensión de la autonomía.
Con independencia de ello, no se descarta enviar a los empleados públicos de Cataluña, incluida la policía autonómica, una comunicación en la que se avisará de las consecuencias de participar en una consulta ilegal.
Pese a su mano tendida y el deseo de que Mas cumpla su palabra, Rajoy también quiso enfatizar en su calculada respuesta pública que el 9-N "atenta contra la Constitución y los derechos de todos" y, por ende, su obligación es impedir que la consulta se celebre. En otras palabras, que no le temblará el pulso llegado el caso porque la iniciativa "no puede ver, por su ilegalidad, la luz" y Mas "lo sabía desde el principio".