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La magistrada del TC propuesta por CiU, contra el referéndum

Encarnación Roca y Adela Asúa (del PNV) se sumaron sin matices a la posición unánime del Constitucional para suspender la ley y el decreto de Mas.

En la federación nacionalista CiU contaban con la inmediata suspensión cautelar de la ley de consultas y del decreto para el referéndum del 9-N, pero no con la unanimidad exhibida por el Tribunal Constitucional.

Encarnación Roca Trías, propuesta por CiU en la última renovación del Alto Tribunal en el año 2012, se sumó a la admisión a trámite de los dos recursos, así como la vicepresidenta, Adela Asúa Batarrita, propuesta por el PNV. En la ficha de Encarnación Roca en el TC, además de sus extensos méritos, se hace constar que está en posesión de la "Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya".

En CiU atribuyen esta postura a la presión que habrían ejercido sobre ambas magistradas el resto de los componentes del Constitucional, aunque la actitud de Encarnación Roca ha sembrado ciertas dudas en el sector más realista de Convergència sobre la consistencia jurídica tanto de la ley autonómica como del decreto del referéndum. El resto intentaba justificar a Roca y confiaba en su voto particular cuando el Constitucional resuelva definitivamente respecto a la ley de consultas catalana.

Sin embargo, la realidad es que los doce magistrados que integran el TC acordaron este lunes la suspensión de la ley de consultas y el referéndum al unísono basándose en el artículo 161.2 de la Constitución española que señala "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Pese a que CIU entienda la postura de Roca como una traición lo cierto es que a la magistrada no le quedaba ayer otra opción que votar a favor de la admisión a trámite de los recursos de la Abogacía del Estado. Si no lo hubiera hecho habría prevaricado.

Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional, el organismo que planifica la independencia, también fue magistrado del Constitucional a propuesta de CiU, entre 1992 y 2001.

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