Artur Mas y sus socios han dejado claro que la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional no va a detenerles en el desafío separatista planteado desde Cataluña. Este miércoles, en un tenso debate en el Parlamento catalán, los diputados de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han aprobado la creación de la Comisión de Control de Consultas Populares, una especie de Junta Electoral de cara al referéndum ilegal del 9 de noviembre. El hecho de que estén suspendidas tanto la convocatoria de la consulta como la ley que aprobó la Generalidad para darle cobertura jurídica no ha parado a los diputados, que sacaron adelante la medida con una holgada mayoría.
Mientras, los miembros del PSC, PP y Ciudadanos decidieron no participar en la votación y, según ha confirmado el portavoz popular Enric Millo en esRadio, llevarán lo ocurrido en el pleno a la Fiscalía por tratarse, en su opinión, de "desacato" a la ley, al estar dando "cumplimiento" a una ley "suspendida". Además, ha avisado de que si Mas insiste enel desafío y firma el decreto que constituye "esta junta electoral", estaría cometiendo un acto de "desacato" que también impugnarán.
Batalla en los tribunales
El Gobierno catalán, entre tanto, continúa batallando en los tribunales en defensa de su consulta. A las palabras de Mas, que avisaba esta mañana de que "no rectificará", se han añadido los dos recursos ante el Tribunal Constitucional presentados por la Generalidad contra la decisión del Gobierno central de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria del 9N. En los escritos, la Generalidad ha pedido al Alto Tribunal el "levantamiento inmediato" de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria.
El Gobierno -que ha hecho públicos sus recursos este miércoles horas después de presentarlos al TC- alega, según informa Europa Press, que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato "atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión".
El Ejecutivo también alega que la Constitución y el Estatut "llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos".
El aviso de la Generalidad
En los recursos, la Generalidad advierte al TC de que si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, "es difícil prever las consecuencias". En este sentido citan una resolución del Consejo de Europa, en la que se apunta que cuando los ciudadanos son privados de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, se alimenta el "extremismo político e incluso la violencia".
Los recursos -de 32 y 30 páginas- sustentan a través de una decena de argumentos los motivos por los cuales debe levantarse, a su juicio, la suspensión de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y abundan las referencias a la necesidad de que las leyes faciliten la expresión popular.
Los letrados de la Generalidad se remiten a una resolución de 2003 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que alerta de los riesgos de no dar salida a los retos de gobernabilidad.
La resolución apunta que, si los parlamentos no resuelven importantes retos para la gobernabilidad y si la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma decisiones, se tiende a alimentar "el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia".
Para reforzar sus argumentos sobre la necesidad de dar salida a una reivindicación de los catalanes, los recursos apelan también a las movilizaciones en favor de la consulta que se han producido en Cataluña, así como a los pronunciamientos de los ayuntamientos de gobiernos independentistas.
La Constitución ya no significa lo mismo
Para reivindicar la legalidad de la consulta, la Generalidad añade que, 35 años después de que fuera aprobada la Constitución, sus preceptos "ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo que en el momento original de su entrada en vigor".
El Gobierno catalán defiende que las consultas son "un procedimiento normal en el ámbito internacional de las democracias occidentales" y pone de ejemplo Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y Suecia.
La Generalidad cita en el recurso la Decisión del Tribunal Supremo de Canadá que recoge, aludiendo al caso de Quebec, que "el sistema debe poder reflejar las aspiraciones de la población", combinando la primacía del derecho y el principio democrático.
También se alude a la sentencia sobre la Declaración de Soberanía del Parlament que dictó el Tribunal Constitucional: aunque quedó anulada por el Alto Tribunal, el Gobierno catalán considera que sí avaló el 'derecho a decidir' de los catalanes.
El Gobierno catalán recupera una parte de aquella sentencia en la que se recogía que el derecho a decidir de los catalanes es una aspiración política a la que "solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a principios de legitimidad, democrática, pluralismo y legalidad".
Los servicios jurídicos de la Generalidad remarcan también que la consulta tiene carácter consultivo y por sí sola no conlleva consecuencias, y precisa que las actuaciones que se pudieran llevar a cabo después por parte del Parlament u otras instituciones serían "jurídicamente independientes y no concatenadas a la propia consulta".