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AUGC intenta registrar el primer sindicato de la Guardia Civil

La argumentación legal proviene de dos fallos recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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La argumentación legal proviene de dos fallos recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Agentes de la Guardia Civil

Pese a que la legislación española prohíbe la existencia de sindicatos en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y sólo permite la creación de asociaciones profesionales, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado este miércoles que acudirá al Ministerio del Interior en próximas fechas para constituir el primer sindicato en el seno del Instituto Armado.

El nombre de la nueva organización sería Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC), un nombre que ya fue utilizado durante los años ochenta como por algunos agentes que terminarían conformando posteriormente la AUGC cuando en los años noventa se permitió la creación de asociaciones profesionales en la Benemérita.

La argumentación legal que utilizará esta asociación para intentar este registro se basará en dos recientes sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en las causas "Matelly contra Francia" y "ADEFDROMIL contra Francia", en las que sentenció por unanimidad que la "prohibición absoluta" de la existencia de sindicatos en las Fuerzas Armadas francesas es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por ello, se condena a Francia con motivo de la prohibición de sindicación vigente sobre los militares, ya que los jueces de Estrasburgo consideran en ambas decisiones que la libertad de asociación de los militares puede ser objeto de "restricciones legítimas", pero no hasta el punto de prohibir de manera absoluta la posibilidad de constituir un sindicato y de adherirse a él.

AUGC, que en la actualidad tiene ocho representantes en el Consejo de la Guardia Civil, ha adelantado asimismo que está decidida a realizar "los trámites jurídicos correspondientes por vía administrativa, judicial, constitucional y, en su caso, ante el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos" en el caso de que el Ministerio del Interior le impiese registrar el nuevo sindicato.

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