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La Fiscalía se opone a que el Gobierno indulte a los policías del Faisán

Un escrito firmado por el fiscal jefe, éste se muestra contrario a conceder dichas medidas de gracia.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que el Gobierno indulte a los policías condenados por dar el soplo a la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán, José María Ballesteros y Enrique Pamiés.

El Tribunal Supremo condenó el pasado mes de julio a ambos a un año y medio de cárcel por un delito de revelación de secretos y cuatro de inhabilitación para empleo o cargo público por el chivatazo a la banda terrorista.

El informe, firmado por el fiscal jefe Javier Zaragoza, señala que la naturaleza del delitos hacen que no se deba conceder dicha medida de gracia ni a Pamiés ni a Ballesteros. "La acción delictiva de la que han sido declarados culpables representa una quiebra de los deberes de reserva y finalidad que le impone la ley por sus funciones de funcionarios públicos (...) habiéndose declarado probado que se produjo un grave menoscabo para la causa pública en cuanto resultó perjuicio para la investigación en curso", sostiene el Ministerio Público.

Según la Fiscalía no concurren en ninguno de estos dos casos "razones de justicia, equidad o utilidad pública" exigidas por el artículo 11 de la ley de indulto para que se concedan dichas medidas excepcionales al exjefe superior de Policía Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros.

Tras conocer la sentencia condenatoria, Pamies solicitó el pasado mes de julio al Gobierno que le indultase recordando que él ha "consagrado" toda su vida a "erradicar" el terrorismo, habiendo participado en la desarticulación de más de medio centenar de grupos de etarras, grupos de kale borroka y marcas sucesoras de Batasuna.

Por su parte, en su solicitud de indulto al Ejecutivo, José María Ballesteros, reconoció que en el caso del chivatazo se limitó a cumplir órdenes: "Me limité a cumplir un cometido policial, la orden de un superior, no sólo de un superior, sino del jefe superior de Policía del País Vasco, pero evidentemente sin conocimiento alguno del cometido".

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional decidió suspender la ejecución de la pena recogida en la sentencia del caso Faisán mientras se tramitaba los indultos solicitados.

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