La Fiscalía Anticorrupción pidió el miércoles a la juez Mercedes Alaya, que instruye el macrocaso de los cursos de formación, que declare testigo protegido al funcionario ex jefe del departamento de Formación Profesional, Teodoro Montes. Esta figura está contemplada en la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos y tiene por objeto asegurar la integridad del testigo y de su familia y asegurar el procedimiento. Alaya ha advertido a CCOO y a una Fundación de la Junta, que han avisado de que interpondrán querellas contra Montes, que no admitirá presiones a su testigo.
Se intuía que el ex funcionario Teodoro Montes estaba siendo presionado gravemente porque tras declarar ante la juez que las organizaciones UGT, CCOO y CEA se apropiaban de una "mordida" del 20 por ciento se desdijo al día siguiente poniendo en duda su propia declaración. A ello, se añadía que desde tales entidades e incluso alguna Fundación de la Junta se anunciaban querellas contra él y que la propia Junta desvelaba datos que lo acusaban de haber falseado un título de formación en el que estaba implicada su propia hija.
Tras estas presiones, unas evidentes y otras oscuras, la pasada semana el ex funcionario encargado de la formación profesional en la Junta, pidió reunirse a solas con la juez y el fiscal.
Tras 31 horas de declaración dividida en siete jornadas, cuenta ABC que cuando acudió al juzgado de la juez Alaya para firmar su amplísima y contundente declaración aseguró, en una nueva ampliación, que "los responsables es el Gobierno andaluz que se nutre de forma ininterrumpida desde que comienza la democracia de personas que derivan del PSOE". Y que cree que "alguien Gobierno o partido debe contestar a la responsabilidad social y económica que padece esta comunidad".
Alaya defenderá a su testigo clave
"Defensa a ultranza del testigo clave y un claro aviso a navegantes", dice Diario de Sevilla que hace la juez Mercedes Alaya. De hecho, tras la petición del fiscal y la declaración de Montes, la juez advirtió ayer a la Fundación Pública Andaluza Para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y a CCOO, que si se querellan contra el funcionario Teodoro Montes podrían incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia que ella misma se encargaría de denunciar.
Alaya afirmó además que no va "a consentir" ningún tipo de presiones o coacciones al jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes. La actitud de la juez se ve amparada por la Fiscalía Anticorrupción que mostró su "conformidad" con el acuerdo de la instructora e incluso pidió que se adopten las medidas legales para declarar "testigo protegido"a Montes.